Sicario excarcelado: Poder judicial apunta a error administrativo mientras Gobierno descarta convocar al Cosena
Controversia generó la excarcelación de Osmar Ferrer Ramírez: un hombre de 18 años de nacionalidad venezolana, que habría sido contratado para asesinar a José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
El pasado 9 de julio Ferrer Ramírez fue dejado en prisión preventiva por parte del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, pero menos de 24 horas después fue liberado tras la emisión de un oficio del Poder Judicial que fue enviado a Gendarmería.
A propósito de este hecho, se reunieron la mañana de este martes el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el fiscal nacional, Ángel Valencia y la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Tras la instancia, las autoridades detallaron los antecedentes que hasta ahora se manejan sobre el caso y las medidas que se tomarán para que algo así no se vuelva a repetir.
“Hemos llegado a la conclusión de que lo que corresponde es iniciar las investigaciones sumarias administrativas, que ya lo dispuso la Corte de Apelaciones de Santiago; investigar penalmente los hechos, que también lo dispuso la Corte de Apelaciones de Santiago y, consecuencialmente, para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares, se dispuso conformar una instancia técnica con el Ministerio de Justicia, con el fiscal nacional y el Poder Judicial”, anunció la ministra Chevesich.
La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo y el fiscal nacional, Ángel Valencia. Foto: Aton.
Requerida sobre la cronología del caso, la ministra Chevesich aseguró que la excarcelación se produjo por un intento de rectificar información personal de Ferrer Ramírez.
En concreto, el Poder Judicial emitió tres documentos: uno que ordenaba la prisión preventiva, un segundo en donde se corrigieron los datos del imputado y que permitió su excarcelación; y un tercero en donde se volvía a pedir la prisión preventiva.
“El día 9 de julio a las 20:17 se dispuso el ingreso a prisión preventiva de Osmar Ferrer Ramírez, a las 20:25 de ese mismo día se corrigió lo que dice relación con el nombre, el DNI de esta persona y a las 20:28 se emitió una nueva orden de ingreso a este imputado a prisión preventiva”, señaló.
De acuerdo a la ministra, “aquella orden que dispone, entre comillas, la libertad, era para corregir una resolución anterior que había dispuesto la prisión preventiva, tanto en el nombre de la persona imputada como del DNI de él, porque es un ciudadano venezolano”.
Luego, afirmó Chevesich, se habría enviado un correo electrónico para rectificar a Gendarmería, pero el organismo habría hecho caso omiso de la comunicación. “Efectivamente el día 10 de julio a las 12:11 se comunicó la primera resolución, aquella que había corregido la anterior y dejado en libertad, pero a las 14:13 del mismo día se comunicó por correo electrónico a Gendarmería la orden que dispuso la prisión preventiva que está plenamente vigente”, dijo.
En cuanto a los motivos que explicarían el por qué Gendarmería no tomó en cuenta la última comunicación de la Justicia, el ministro Gajardo aseveró que “es parte del proceso de investigación, ya sea por qué se emiten estas resoluciones que dejan sin efecto y que disponen la prisión preventiva”.
“Eso es algo que se va a determinar tanto administrativa como penalmente”, recalcó.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
Vallejo por COSENA: “No es útil para los efectos que se buscan por el momento”
En el mundo político, el caso del sicario excarcelado generó estragos. Incluso, la bancada de la UDI y la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, pidieron al Presidente Gabriel Boric que convocara al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
“Esto es tan grave, junto con la penetración también de Ejército, de Fuerza Aérea, que esto amerita llamar al Cosena”, estimó Matthei.
En respuesta, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó a que: “El propio ministro de Seguridad Pública ha dicho que no es útil para los efectos que se buscan por el momento, a propósito lo decía la candidata del caso que tuvimos de narco aviadores, la FACh, ahora tuvimos el Ejército, y ahora con este caso”.
La secretario de Estado aclaró que “lo que hace el Ejecutivo no es estar descartando iniciativas en general a priori, pero sí tomar los espacios de trabajo y las iniciativas que más sean funcionales a el objetivo que se desea perseguir”. “Esta reunión que se sostuvo con el Ministerio Público y la Corte Suprema, es justamente el espacio más efectivo y prudente para poder llegar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.