La Junta inyecta 10 millones para impulsar la formación y el empleo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención de más de diez millones de euros para impulsar proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa, correspondiente al ejercicio 2025, según dio a conocer ayer la portavoz del Ejecutivo regional tras el Consejo de Gobierno. Esta línea de actuación, conocida como Línea 5 Sectorial, está regulada por la Orden 130/2024, de 1 de agosto, y será gestionada por la Dirección General de Formación Profesional en el Ámbito Laboral. La distribución del presupuesto se realizará en tres anualidades: 3,4 millones de euros en 2025, 5,2 millones de euros en 2026 y 1,4 millones en 2027. Según indicó Padilla, la iniciativa tiene como objetivo «mejorar» la inserción laboral de personas desempleadas mediante itinerarios formativos directamente vinculados a «sectores estratégicos» para el desarrollo económico de la región, entre los que se encuentra el sector agroalimentario, el aeronáutico, el turismo, la investigación o las telecomunicaciones. «Esta propuesta configura una fórmula eficaz de acceso al empleo, de manera que combina formación teórica especializada con experiencia profesional real en empresas», indicó Padilla. «De esta manera, se da respuesta tanto a las empresas, que ven cubiertas sus necesidades de perfiles específicos, como, evidentemente, a las personas desempleadas, a quienes se les brinda una nueva oportunidad para formarse, recualificarse y acceder a una oferta de trabajo». Se trata, añadió, de una formación «a la carta» para el sector empresarial, cuyos proyectos que se presenten podrán tener una duración máxima de dos años y deberán contemplar un compromiso de contratación de al menos el 30 por ciento del alumnado que participe en cada uno de ellos. Se estima que esta convocatoria beneficie a 432 personas desempleadas, distribuidas en un total de 38 proyectos, y tendrán prioridad las personas desempleadas de larga duración y los mayores de 52 años. Asimismo, las oficinas Emplea podrán derivar hasta el cincuenta por ciento de las candidaturas, lo que favorecerá la participación de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.