Red de trata de mujeres ligada al Tren de Aragua enfrenta audiencia de medidas cautelares
Este miércoles por la tarde 11 personas, sospechosas de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual, enfrentarán una audiencia en el Juzgado Penal de San José en donde se solicitarán medidas cautelares en su contra. El caso se vincula al grupo criminal venezolano Tren de Aragua
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes explicó, en un comunicado de prensa, que el modo de operar del grupo replica el patrón empleado por el Tren de Aragua en Suramérica: “captaban mujeres en situación de vulnerabilidad, las trasladaban a Costa Rica con promesas falsas, y luego las sometían a explotación sexual mediante amenazas, deudas impagables, maltrato psicológico y control extremo”.
En la audiencia están imputados una mujer de nacionalidad nicaragüense, de apellido López Carraza, y 10 hombres de nacionalidad venezolana, identificados como Escobar Gómez, Velásquez Mendoza (dos con este apellido), Lima Vizcaíno, García Grateron, Bogado Bank, Uriel Barrios, Granado Rodríguez y Ferrer Vera.
Todos fueron detenidos este martes, luego de siete allanamientos simultáneos en los cantones de San José, Jacó y Alajuela, como parte de una operación desarrollada bajo el expediente 24-000064-1321-PE.
Según agrega el Ministerio Público, durante los allanamientos, realizados en varios hoteles y otros puntos estratégicos, fueron ubicadas aproximadamente 200 personas, incluyendo niños.
De ellas, al menos 20 mujeres adultas son víctimas del delito de trata, según las primeras diligencias. Tres de ellas interpusieron denuncia formal, lo cual permitirá fortalecer la causa penal.
Esta presunta red de explotación sexual, vinculada al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, fue desarticulada durante siete allanamientos, el martes por la mañana.
El Ministerio Público desplegó un amplio operativo en Barrio México y el distrito Merced de San José, en Jacó de Garabito y en el cantón central de Alajuela, sitios donde operaba la organización conocida como Los Orientales.
En los allanamientos fueron detenidas varias personas: una mujer apellidada López (nicaragüense), un hombre de apellido Escobar (venezolano), Lima (ecuatoriano), Ferrer (venezolano), tres hombres de apellido Velásquez (venezolanos), Uriel (venezolano), Rodríguez (venezolano) y Bogado (venezolano).
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) agregó que siete de los detenidos ya eran buscados por presunta explotación sexual, otros tres (Uriel, Rodríguez y Bogado) también eran buscados por un doble homicidio, y uno de los Velásquez estaría vinculado a ambos delitos.
Asimismo, fueron decomisados celulares, computadoras, memorias, dinero en efectivo, un arma de fuego, dos carros y una motocicleta.
Engaño y luego extorsión
El Tren de Aragua es una megabanda criminal transnacional originaria de Venezuela, específicamente del estado de Aragua. Se formó en la cárcel de Tocorón y es liderada por Héctor “Niño” Guerrero.
Se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela y ha logrado una expansión significativa a nivel internacional, con presencia en varios países de América Latina como Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, México e incluso ha sido detectada en Estados Unidos.
Uno de los crímenes por los cuales es conocida es la extorsión de mujeres.
En el caso del grupo que operaba en Costa Rica, la Fiscalía indicó que los sospechosos traían mujeres desde Venezuela bajo la promesa de que trabajarían como generadoras de contenido.
Les cubrían todos los gastos de traslado (entre $3.000 y $5.000), a cambio de que una vez en Costa Rica las víctimas ofrecieran servicios sexuales para pagar la deuda del traslado.
No obstante, eran presuntamente sometidas a un sistema de multas constantes por acciones mínimas, como llegadas tardías, lo cual les impedía liberarse de la red.
Se presume que las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con al menos 100 clientes; sin embargo, el OIJ no especificó en cuánto tiempo debían completar ese objetivo. El costo del servicio era de ¢45.000, depositados vía Sinpe Móvil a uno de los imputados.