Andalucía anula un contrato público de 200 millones para diagnósticos con la sanidad privada tras 2 años gestionándolo

El Gobierno andaluz ha desistido de sacar a licitación pública un Acuerdo Marco para concertar con la sanidad privada la realización de pruebas de diagnóstico, en el que venía trabajando hace más de año y medio.

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha anunciado este miércoles por sorpresa la paralización de un ambicioso “plan de choque”, dotado con más de 200 millones de euros, que se presentó en octubre de 2023 para reducir las listas de espera en diagnósticos, el gran embudo de la sanidad pública, que posteriormente colapsa las esperas de pacientes para operarse.

La Junta de Andalucía sacó pecho de aquel primer “plan de choque”, no sólo porque venía a equilibrar las desbocadas listas de espera en la sanidad pública, sino porque suponía una vuelta al procedimiento de contratación en abierto a todas las clínicas privadas del sector.

Es decir, que se volvía al modelo con publicidad y concurrencia competitiva después de tres años encadenando contratos de emergencia (a dedo), amparándose en el marco legal habilitado en pandemia cuando ya estaba derogado, un asunto que destapó elDiario.es y que ahora mismo está bajo investigación judicial, con los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputados por prevaricación.

“Hemos desestimado el Acuerdo Marco regional de pruebas diagnósticas por un error informático”, ha anunciado la consejera de Salud en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Fuentes de su departamento explican que los sobres con las ofertas de licitación se enviaron fuera de plazo, lo cual era susceptible de echar abajo todas las adjudicaciones posteriores si alguna empresa decidía presentar alegaciones.

“Error informático insubsanable”

La Junta desecha todo el procedimiento, que saldrá anulado en el Perfil del Contratante, porque ese “error informático es insubsanable” y “no puede ofrecer garantías” de que el contrato con las empresas privadas llegue a formalizarse. Tras más de año y medio de trabajo, la Consejería de Salud pone el contador a cero para derivar las pruebas de diagnóstico a la sanidad privada pero volviendo al modelo anterior, es decir, cambiando el Acuerdo Marco regional por ocho acuerdos provinciales, en los que concurrirán muchas menos empresas a la licitación pública, con publicidad y concurrencia.

Este parón definitivo en el procedimiento previsto para agilizar las pruebas de diagnóstico derivándolas a la sanidad privada llega después de múltiples tropiezos en el camino. En octubre de 2023, el Gobierno de Juan Manuel Moreno lanzó un plan con un presupuesto de 734 millones de euros para concertar operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas con clínicas privadas durante un periodo máximo de cuatro años.

Un mes después, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sacó a licitación dos Acuerdos Marco que fijaban las condiciones para contratar con la sanidad privada la derivación de miles de pacientes en lista de espera para operarse en la pública –por valor de 533,3 millones– y para trasladar las pruebas diagnósticas pendientes, por un montante de 201,1 millones.

Dependencia del sector privado

El objetivo, dijo la entonces consejera de Salud, Catalina García, era “vaciar” las listas de espera en la sanidad pública y cumplir con los decretos de garantía de la Junta de Andalucía para ser atendidos en el plazo legal establecido. Pero en ese momento, el Ejecutivo de Moreno llevaba más de un año sin hacer públicas las referidas listas de espera, desde junio de 2022. Cuando finalmente salieron a la luz, en noviembre de 2023, revelaron un aumento del 227% de andaluces fuera del plazo legal para operarse. El 12% de la población andaluza -más de un millón de personas- estaba en alguna lista de espera sanitaria.

Desde entonces, el Ejecutivo de Moreno ha ido a rebufo de los datos que arrojaban un colapso de los servicios sanitarios públicos, cada vez más dependientes de los contratos a dedo con las clínicas privadas. El Acuerdo Marco para derivar operaciones ya está adjudicado, pero los recursos interpuestos por las empresas participantes han dilatado su implantación. La Junta acaba de prorrogar, por tercera vez, los contratos negociados sin publicidad (a dedo) con clínicas privadas para cubrir los tres meses de verano, desasistidos por la ausencia del personal sanitario durante sus vacaciones.

El Acuerdo Marco para derivar las pruebas diagnóstico a la privada, que ahora decae definitivamente, iba más retrasado, no había llegado a adjudicarse, pero la renuncia de la Junta obliga a repensar un plan B para abordar una situación que ya era crítica hace año y medio, cuando se anunció este plan de choque.

La sanidad pública opera más

En cuanto a la nueva prórroga hasta septiembre para reducir las listas de espera, la consejera de Salud ha esgrimido el “trabajazo administrativo tremendo” al que tiene que hacer frente su departamento, al presentarse más de 700 ofertas para 37 lotes por parte de 53 empresas, que además han presentado alegaciones al proceso. Al expirar ya los primeros de estos contratos, se ha apostado por esta ampliación para “mantener la actividad quirúrgica” en plenas vacaciones del personal sanitario, todo ello cuando se está aplicando un plan de refuerzos de verano con menos presupuesto y contrataciones que en 2024.

Rocío Hernández ha asegurado que esta posibilidad, contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público, “no supone un incremento más de gasto pero sí un aumento del marco temporal”. Que no se pague más obedece a que, de un presupuesto previsto de 119 millones de euros, se han gastado sólo 69 millones, el 57%.

Este menor gasto en el sector privado lo ha explicado con el dato de que ha aumentado la actividad en los hospitales públicos, que han realizado el 86% de las operaciones acometidas este año. Para la consejera, esto obedece a una mejor gestión, por lo que ha dado las gracias a los profesionales “porque se está operando más en Andalucía”.

Reducción de las listas de espera

La consejera ha aprovechado para sacar pecho con que se han reducido un 60% las listas de espera en los procesos quirúrgicos que tienen garantía de tiempos máximos, pasando de 53.000 en diciembre de 2023 a 22.000 pacientes. Los tiempos que hay que aguardar para una intervención también han bajado y están ahora en 108 días de media frente a los 150 de hace año y medio, unas buenas cifras que han sido posible gracias a que se realizan 1.239 intervenciones quirúrgicas de media al día.

Por lo que respecta a Atención Primaria, en lo que va de año se han gestionado medio millón de citas, con una demora de 2,19 días para una atención clínica y de 2,57 para que sea telefónica (la vía que solicita el 65% de la población). Esto no significa que un paciente tarde este tiempo en ser atendido, sino que es lo que se invierte en gestionar su petición para ponerle una cita que luego puede tardar hasta dos semanas en tener lugar.

Rocío Hernández también ha anunciado una modificación presupuestaria para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reciba 226 millones de euros y así abonar el complemento de rendimiento profesional a 120.000 trabajadores, 5.000 más que en 2023. De paso, se ha incluido en esa partida la contratación este mismo mes de julio de 167 profesionales con contratos de varios meses para hacer frente por ejemplo a bajas del personal sanitario.