La jefa de Policía de Mazón recupera a la responsable de las cámaras del Palau y los otros mandos cesados por la justicia

La jefa de la Policía de la Generalitat, Marisol Conde, vuelve a nombrar a la responsable de las cámaras del Palau y los mismos mandos que cesaron por una sentencia judicial como jefes en la Comunitat Valenciana. Tres de los cuatro mandos de la Unidad de Policía Nacional a la Generalitat Valenciana han vuelto a obtener su plaza como responsables del Cuerpo en Valencia y Alicante, tras un procedimiento cuestionado por los sindicatos, que consideraron el proceso “a medida” de los jefes cesados.

Hace apenas un mes, el Ejecutivo cesó a los mandos cuestionados como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que declaró arbitrarios los nombramientos en septiembre de 2024. El sindicato Jupol recurrió una decisión adoptada en 2021, argumentando que la los puestos se habían cubierto sin que hubiera existido “ningún proceso de convocatoria ni tampoco habiéndose seguido los principios generales de cualquier concurso”, algo que la Administración admitió y justificó por la urgencia de los nombramientos. El Contencioso-Administrativo dio la razón al sindicato, que pidió que se anulara la resolución administrativa impugnada y se acordase retrotraer las actuaciones el momento inicial de la convocatoria para que se vuelvan a convocar las plazas ofertadas conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad.

Los dos responsables de Valencia, José Vicente García y Pilar Bojó -responsable de seguridad del Palau de la Generalitat, quien autorizó el borrado de las cámaras del 29 de octubre- y la responsable de Alicante, Maria Luisa Rodríguez, han obtenido su plaza en comisión de servicio voluntaria, sin derecho a dietas, para la primera categoría de la escala Ejecutiva del Cuerpo. En el caso de Castellón, se ha escogido a un nuevo mando, Eduardo Goterris; el anterior no concurrió al proceso por la proximidad de su jubilación. Todos ellos forman parte del núcleo de confianza de la comisaria jefa de la unidad, la número uno de la Policía de la Generalitat, Marisol Conde, según fuentes del Cuerpo.

La resolución de los nombramientos viene suscrita por el director general de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior. La llamada Policía de la Generalitat depende orgánicamente de la Administración central, aunque funcionalmente de la conselleria competente en Interior de la Generalitat Valenciana. Las solicitudes, casi una veintena, han sido analizadas por la División de Operaciones y Transformación Digital de la Dirección Adjunta Operativa (el DAO) del Ministerio del Interior, aunque en la convocatoria de las plazas se establecía que serían evaluadas por la Unidad Adscrita a la Generalitat.

Fuentes sindicales recelan de los nombramientos y apuntan a la proximidad de los mandos a la comisaria jefa. Consideran que se ha premiado al personal de confianza de la comisaria jefa, con el beneplácito del Palau de la Generalitat. De hecho, el mail para enviar las candidaturas y currículum era el de la propia Conde, destacan. Ello se suma a un clima que considera que se premia el silencio que envuelve al presidente de la Generalitat en las horas clave de la riada del 29 de octubre. Los dos responsables de Valencia que revalidan el cargo han sido propuestos por la jefa para las polémicas condecoraciones del Ministerio, y esta también ha propuesto premiar a los escoltas de Carlos Mazón el día de la DANA. Las medallas en la Policía Nacional y en la Unidad Adscrita han generado una fuerte polémica en el Cuerpo, que ve los reconocimientos de forma desigual: decenas de agentes participaron en tareas de rescate que no se han reconocido.

Como ya avanzó elDiario.es, las plazas conllevan un complemento de unos 10.000 euros al año –12.000 en el caso de la jefatura adjunta– para estas vacantes en la escala ejecutiva. La selección, según la orden publicada, se lleva a cabo por la Unidad Adscrita y deberá tener en cuenta “la formación y experiencia profesional específica en las funciones de vigilancia y protección de (...) edificios e instalaciones y la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales”. Además, se deberán tener en cuenta “conocimientos de la normativa relacionada con funciones y competencias propias de la Unidad Adscrita”. Estos criterios provocaron las críticas de los sindicatos, que exigieron que no se computara como méritos los 4 años que los mandos han pasado en el puesto cuestionado. “Los criterios de valoración están diseñados para beneficiar a los mismos que fueron cesados por enchufismo”, comentó el sindicato Jupol, mientras que la UFP censuró que “después de haber sido cesados en sus puestos los cuatro Inspectores Jefe, por sentencia judicial, se ha gestionado de forma inmediata una nueva Comisión de Servicio ad hoc, figurando entrevista y conocimiento explícito de la Unidad”. Contra la resolución, recién publicada, cabe recurso por la vía administrativa.