Cristián Riego y excarcelación del sicario: “La posibilidad de negligencia no desaparece, pero me parece que no es lo más verosímil”

Por estos días, la cadena de diligencias que llevaron a la liberación de Osmar Ferrer Ramírez, hombre de 18 años de nacionalidad venezolana sindicado como el sicario responsable del asesinato de José Felipe Reyes Ossa (el “Rey de Meiggs”) continúa generando diversas reacciones.

Entre ellas, la evaluación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y las presiones emergidas desde distintos sectores políticos para que el Gobierno convoque a un Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

De hecho, y durante las últimas horas, la misma jueza Irene Rodríguez, magistrada del 8° Juzgado de Garantía de Santiago que firmó la orden de liberación de Ferrer Ramírez, se refirió a las diversas especulaciones realizadas en torno a lo ocurrido.

“Tienen que haber un conjunto de antecedentes objetivos y, dentro de eso, ustedes saben que no solo en este procedimiento, sino que en todos los otros que son importantes, se incautan computadores para ver qué pasó, se incautan teléfonos para ver qué se habló y eso fue lo que pasó“, expresó Rodríguez según lo recogido por un artículo de Radio Bío Bío, haciendo referencia al allanamiento efectuado por la PDI a la la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Sobre el documento que definió el levantamiento de la medida carcelaria, expresó que “es verdad que hubo un error de nombre. Hubo un error de nombre y eso fue lo que se rectificó, pero la cabo se llevó las tres órdenes y la de Osmar se la llevó rectificada con el nombre, pero prisión preventiva a los tres, que fue lo mismo que yo dije en la audiencia”.

“Habría sido muy inconsecuente yo decir todo lo que dije y después dar una libertad como definitiva. O sea, sería muy inconsecuente de mi parte. Por lo tanto, yo estoy tremendamente tranquila porque fue lo que declaré, pero obviamente que hay que cumplir con las investigaciones de rigor”, sentenció.

En efecto, el Poder Judicial habría emitido tres documentos: el primero ordenaba la prisión preventiva, el segundo corregía los datos del imputado -permitiendo su excarcelación- y, en el tercero, se volvía a solicitar su prisión preventiva. Una solución a un error administrativo que, para el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, carece de coherencia.

“Esto se hace todos los días en los tribunales. Si un juez dicta una resolución que tiene un error de dirección, de apellido, lo que hace, porque tiene facultades para hacerlo, es que dicta otra resolución en que rectifica. Hay una cosa que se llama el recurso de aclaración o enmienda. O sea, el juez tiene facultades para clarificar una resolución anterior, pero lo hace, evidentemente, con una que hace alusión a la anterior”, explicó el experto en derecho procesal.

Por eso, recalcó que en ningún caso se deroga: “Eso es absurdo, nunca se ha hecho así. Por eso es que lo que la jueza dice no tiene sentido, que porque hay un error en la primera resolución se deja en libertad a la persona, sin hacer ninguna alusión a ese error. Y luego, dicta una tercera resolución donde tampoco hace referencia a ninguna de las anteriores. Esto no tiene ningún sentido. Quizás no es muy buena jueza, no la conozco y no tengo idea. Nunca había visto una cosa semejante, y es algo que contraría toda la práctica, incluso la ley, y que la verdad es que no tiene explicación”.

Sin embargo, el especialista también apuntó a los errores en el proceder de Gendarmería. “Dicen algo que igualmente es equívoco, y es que la tercera resolución era igual a la primera. Pero no aclara si lo era en el punto que se supone era materia de la corrección. Porque, según la jueza, eran iguales, salvo que el apellido de alguna de las personas tenía una corrección de una letra“, clarificó Riego.

“Si yo hago una audiencia y dicto una orden de prisión preventiva, lo que ocurre es que tendría que haber otra, que normalmente ocurre varios días después, en la cual esa resolución se modifica, si de lo que se tratara es una modificación sustantiva. En este caso, que se la libere a la persona. Por lo tanto, que llegue una orden que revoca la prisión preventiva una hora después es algo que no ocurre“, explicitó el académico.

Es bajo esa primicia que concluye que “si un gendarme recibe eso, tiene que quedar desconcertado. No tiene nada que ver con la práctica habitual. Más aún si, un tiempo después, recibe una tercera orden que es contradictoria con la segunda. Pensar que mientras están custodiando a uno de los criminales más importantes y peligrosos de la historia de Chile, los funcionarios de Gendarmería reciben tres órdenes contradictorias, que no se entienden en conjunto, y que la decisión, varias horas después, en vez de llamar al juzgado o al Gobierno, es la de liberar a esta persona respecto a la cual hay tres resoluciones contradictorias, también es inverosímil”.

“La posibilidad de la negligencia no desaparece, pero me parece que no es lo más verosímil“, afirmó Riego. Lo anterior, en el entendido de que “la confusión y el embarramiento de todo es lo que más favorece a las mafias y a estas operaciones delictivas“.

“En Gendarmería ha habido problemas de corrupción muy antiguos que, la verdad, fueron tolerados en Chile durante muchísimos años. Lo que pasa es que ahora eso se ha hecho más grave por el tema del crimen organizado, pero la verdad es que el que haya corrupción en las cárceles chilenas no es una novedad para nadie. La política lo toleró durante muchísimo tiempo e incluso hubo políticos que participaron de eso. Lo más extraño es que se vea de este modo en el Poder Judicial“, señaló el abogado

“Por otra parte, si uno mira las experiencias de los países donde realmente existen este tipo de operaciones mafiosas graves, yo diría que estas actitudes de los funcionarios son más o menos coherentes con esa historia. O sea, esto de que yo no hago algo que me puede contaminar radicalmente, sino que, de algún modom puede ser negligente, pero al mismo tiempo no me compromete totalmente. La jueza podría haber dictado una orden, o no haber dado la prisión preventiva, por ejemplo. Y no. Lo que ella hace es otra cosa. No digo que así sea, pero este tipo de actitudes y estas negligencias extremas suelen ser coherentes con las presiones mafiosas. Le permite una salida al funcionario para defenderse“, expresó.

Una salida institucional

Ante la solicitud de convocar al Cosena -al que incluso se sumó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei-, Riego explicó que se trata de medidas poco efectivas ante los antecedentes que se tienen hasta el momento.

“No creo que tenga sentido que esas mesas de trabajo funcionen mientras no esté claro cuál es el panorama. Si es que aquí estamos ante un tema de negligencia, de estupidez múltiple de agentes estatales, la solución sería una. Pero estamos ante la penetración de órganos estatales por parte del crimen organizado, la solución es otra. En consecuencia, no veo qué van a hacer“, manifestó el académico.

“En el caso hipotético de que estas personas, la jueza y los gendarmes, estuvieran amenazados con la seguridad de sus familias, por ejemplo, y ese fuera el motivo por el que están actuando así, o si el día de mañana se encuentra que tienen depósitos en alguna cuenta corriente oculta; bueno, las mesas de trabajo no tendrían ningún sentido”, sumó.

Bajo su perspectiva, las autoridades estarían “un poco apresuradas por tratar de aparecer reaccionando, cuando lo primero que hay que hacer es esclarecer lo que pasó, y eso se va a tomar un tiempo. La fiscalía y las policías pueden hacerlo relativamente rápido, pero antes de saber eso, no tiene mucho sentido implementar alguna solución porque depende mucho del panorama que estamos viendo”.

Por todo esto, concluyó que “lo que se requiere aquí, pero que veo difícil que ocurra, es que haya un acuerdo político, en el sentido de no hacer de esto objeto de las campañas, sino de actuar con seriedad y buena fe por parte de todos los sectores. Y encarar cualquiera sean los problemas, identificarlos para luego ver las soluciones. Actuar sin que esto se transforme en objeto de la demagogia y de llamar la atención. Creo que eso es lo que se requiere, una mesa más bien política en la que se llegue al acuerdo de no usar esto como arma antojadiza. Cosa que veo muy difícil”.