La herencia maldita
Muchos son los personajes, dependencias, políticas y programas con los que la presidenta Sheinbaum ha complacido a su antecesor.
Nombramientos y necedades, impuestas y prometidas por López Obrador, que la actual presidenta tuvo que aceptar, conceder y tolerar. Bajo aquella premisa de “nunca voy a romper con Andrés Manuel”, se ha visto forzada a aceptar una serie de innombrables cuya reputación no solo mancha su gobierno, sino que ahora también le genera conflicto con Estados Unidos.
Esta semana el personaje señalado ha sido Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, excorcholata fallida, exgobernador de Tabasco, además de compadre y “hermano” del caudillo.
La orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad en Tabasco cuando Adán Augusto era titular del gobierno, ha destapado lo que parece una estrecha relación con organizaciones criminales.
La presidenta, al más puro estilo de Morena, ha salido a defender y proteger al hoy senador, afirmando que no está abierta una investigación en su contra. Pero lo cierto es que la reputación del exgobernador está ciertamente rebosante de lodo y tal vez, de huachicol.
Los gobiernos morenistas se han distinguido por el encubrimiento y la impunidad, al tender un oscuro velo que protege fraudes, desfalcos, abiertas relaciones de protección o complicidad con grupos criminales y el franco cinismo de que son intocables.
Ahí tiene usted al gobernador Rocha de Sinaloa, señalado y grabado en relaciones altamente sospechosas con grupos criminales, asesinatos, intervención en conflictos entre narcotraficantes. Pero con todo, López Obrador lo protegió, y ahora lo hace, con extremo riesgo para su gobierno, Claudia Sheinbaum.
Las tensiones con Washington no están exactamente a tono para andarse tomando fotos con sospechosos de proteger o encubrir al narco. La presidenta lo ha hecho en más de una ocasión, lo que levanta enormes luces de extrañamiento en la capital americana.
Tal vez de ahí la inútil, riesgosa y torpemente manejada crisis de Ovidio y su abogado. La presidenta le ha exigido al gobierno estadounidense que le ofrezca información sobre las acusaciones y el acuerdo de testigo colaborador que ha celebrado con el hijo menor de El Chapo Guzmán. Washington y el Departamento de Estado han guardado implacable silencio.
Nadie le explicó a la presidenta, en vez de incurrir en fallas diplomáticas y de penoso desconocimiento del tratado de extradición, que no están obligados a notificar de nada, salvo que —señala el acuerdo en la materia— en Estados Unidos cambien los delitos y acusen al mexicano de cargos diferentes a los que se fijaron en el acta de extradición.
Esto no sucedió; sigue acusado de los mismos 4 delitos de los que, por cierto, ya se declaró culpable. Por lo tanto, el enfrentamiento verbal y la demanda con el abogado Lichtman han resultado en una serie de errores.
Muchos especialistas tienden a pensar, tal vez con cierta continuidad, que Sheinbaum tiene la capacidad y el talento para ejercer un buen gobierno, mereciendo el beneficio de la duda a 7 meses de su administración. Sin embargo, la herencia maldita de chupasangres, corruptos, ambiciosos y amloístas entorpece su administración y lastima seriamente la reputación de su gobierno.
En esa lista aparecen el gobernador Rubén Rocha, Adán Augusto con reciente lugar estelar, Cuauhtémoc Blanco con ominosa vergüenza —¡mire que defender a un abusador de mujeres!— y Octavio Romero. Su gestión en PEMEX fue un desastre que no se puede corregir —no porque la paraestatal estuviera en óptimas condiciones, sino porque ciertamente empeoró de forma significativa—. Ya veremos el daño al Infonavit después de su dirección.
En diputados, en senadores, en el partido, por todos lados están los sembrados e incondicionales de AMLO que entorpecen el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Quién le habrá aconsejado de forma insistente, fueron semanas con la cantaleta, que reclamara por el juicio a Ovidio en Estados Unidos? ¿Jesús Ramírez?, otro infiltrado del gobierno anterior.
Pero la lista es larga y gravemente dañina. La presidenta no logrará impulsar un auténtico gobierno sin corrupción ni impunidad, sin los negocios estatales y gubernamentales, si no logra limpiar por completo su equipo.
Hoy resulta evidente que PEMEX está urgido de una reestructuración que salve a las finanzas públicas de la bancarrota, de la incapacidad de generar suficientes recursos que permitan mantener el gasto social, tan comprometido ya hasta en la Constitución.
El pozo sin fondo de la paraestatal puede ser la puntilla de las ambiciones morenistas en el presente y mucho más, en el futuro.