Covite denuncia un nuevo tercer grado «fraudulento» concedido al etarra Francisco Javier Gallaga

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( Covite ) ha denunciado la concesión de un tercer grado «fraudulento» al etarra al etarra Francisco Javier Gallaga Ruiz, condenado en por el asesinato del peluquero militar Domingo Puente Marín en 1997 y por el de Miguel Ángel Ayllon Díaz González en 1996, así como por herir a cerca de veinte personas en esos atentados. En el año 2006, el fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos pidió 367 años de prisión al etarra por el asesinato del sargento Ayllon. Según denuncia la organización, Gallaga sigue «totalmente vinculado a la izquierda abertzale», algo que evidencia su «falta de arrepentimiento», un requisito legal e imprescindible para acceder a al tercer grado. Una prueba de esto, explican, sucedió el pasado 5 de julio en Plentzia (Vizcaya) durante la Itsas Martxa, un festival veraniego «en el que se exalta por igual tanto a presos de ETA ligados a SORTU como a los disidentes». Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha criticado que se conceda este régimen penitenciario tras «fue exhibido por todo lo alto como un héroe y un 'preso político' hace menos de un mes». Ha calificado, además, de «obsceno» que se intente imponer un «falso arrepentimiento» de quienes están totalmente integrados en las estructuras de control de la izquierda abertzale. Desde el colectivo recuerdan que está cumpliendo la «última exigencia de ETA para dejar de matar»: vaciar las cárceles de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho. A juicio de Covite, la gestión de la competencia de Prisiones del Gobierno vasco en lo que se refiere a los presos de ETA está resultando ser una «amnistía encubierta». Finalmente, han recordado que solo mediante el «arrepentimiento sincero» por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podrán «creer en su reinserción». Por último, Covite ha lamentado que este «fraude» suceda con el «beneplácito de todas las instituciones públicas, desde el Gobierno vasco hasta la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria».