El nuevo beneficio del Gobierno para que las empresas paguen menos impuestos
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, oficializó el Programa Crédito Fiscal 2025, una iniciativa que busca mejorar las competencias laborales de trabajadores ocupados y desocupados, así como incrementar la productividad y competitividad de empresas y cooperativas en todo el país.
La iniciativa, formalizada este jueves a través de la Resolución 437/2025 publicada en el Boletín Oficial, establece un cupo total de $ 400 millones.
El plan contempla la emisión de Bonos Fiscales a favor de empresas y cooperativas que presenten propuestas de formación profesional. Estos podrán utilizarse para cancelar impuestos nacionales, según las disposiciones vigentes de la AFIP.
En tanto, la distribución de los fondos se realizará de manera regional, con montos asignados a cada provincia y región, priorizando la cantidad de empresas activas con cuatro o más empleados, según los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.
Según la normativa, el objetivo del programa es "fortalecer las competencias laborales de trabajadores ocupados y las condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados para mejorar sus posibilidades de inserción laboral e incrementar la productividad y la competitividad de las empresas y de las cooperativas de trabajo".
Programa Crédito Fiscal: ¿quiénes pueden participar y cómo funciona?
El Programa Crédito Fiscal 2025 está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), grandes empresas y cooperativas de trabajo, que podrán presentar propuestas de capacitación laboral.
Estas entidades, denominadas Organismos Responsables, pueden asociarse con Organismos Adherentes, como otras empresas de la cadena de valor, instituciones de formación profesional, entes administradores de agrupamientos industriales y asociaciones sectoriales.
El programa excluye a empresas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y a aquellas cuya actividad principal sea la intermediación financiera y servicios de seguros, salvo excepciones específicas.
A la vez, todos los participantes deben estar inscriptos en el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE).
Los montos máximos varían según el tamaño de la entidad:
- Las MiPyMEs y cooperativas pueden financiar hasta el 30% de la masa salarial o retornos de los últimos 12 meses, con un tope de $ 6 millones
- Las grandes empresas pueden financiar hasta el 0,8% de su masa salarial, también con un tope de $ 6 millones. El monto puede ampliarse hasta $ 10 millones si la propuesta incluye formación para desocupados o para empresas de la cadena de valor.
¿Cuáles son los requisitos?
Según la normativa, las acciones de formación profesional pueden desarrollarse en modalidad presencial, virtual sincrónica, semipresencial o virtual autoasistida.
Los cursos deben tener entre 8 y 120 horas reloj y pueden ser de formación cerrada (diseñados ad hoc para la empresa) o abierta (oferta regular de instituciones acreditadas).
En este sentido, se aclara que no se admiten propuestas vinculadas a carreras terciarias, de grado, diplomaturas ni posgrados.
El programa establece cupos mínimos y máximos de participantes por curso, diferenciando entre trabajadores ocupados y desocupados, y según la modalidad de dictado.
La Dirección Nacional de Formación Laboral evaluará las propuestas bajo criterios como pertinencia, calidad curricular, impacto socioproductivo y orientación hacia sectores estratégicos (metalúrgico, autopartista, construcción, economía del conocimiento, entre otros).
Se dará prioridad a proyectos que incluyan formación para personas desocupadas, que estén vinculados a reconversiones productivas o que beneficien a empresas de la cadena de valor. En caso de empate y agotamiento del cupo, se priorizarán las cooperativas y las micro y pequeñas empresas.
Las propuestas deberán presentarse a través de la Plataforma Crédito Fiscal y formalizarse en la Plataforma TAD (Trámites a Distancia), adjuntando la documentación requerida. Las capacitaciones tendrán un plazo máximo de seis meses para su ejecución.