El nuevo Poder Judicial: riesgos y responsabilidades más allá de los jueces
El autor es abogado litigante.
La implementación de la reforma judicial en México, que comenzó con la elección popular de personas juzgadoras, ha motivado una reflexión profunda sobre el papel que tendrá el Poder Judicial en los próximos años y los riesgos asociados a esta transformación. El debate se ha centrado principalmente en las personas electas, pero debe ampliarse hacia los procesos judiciales y hacia el rol que desempeñarán los litigantes, las empresas y la comunidad internacional.
Antes de junio de 2025, México atravesó un periodo de manifestaciones públicas frente a la reforma judicial. La promesa de transformación impulsada por el partido en el poder no reparó en las posibles consecuencias negativas sobre el acceso a los derechos ni generó un consenso sobre las necesidades de la justicia. A pesar de ello, fue aprobado un nuevo sistema que ha dejado de lado los mecanismos de protección frente a riesgos evidentes, y que, en su lugar, parece descansar en la suerte, en el azar y en un método de prueba y error para implementar este cambio.
La puesta en marcha de la reforma, inevitable desde junio de 2025 cuando tuvo lugar la elección judicial, debe ser analizada desde dos visiones. La primera es aquella que nos permite identificar los riesgos —y las formas de mitigarlos— derivados del tránsito de jueces de carrera hacia un sistema en el que la mayoría de los Tribunales estarán integrados por jueces de partido o personas sin trayectoria judicial.
Incluso en este último escenario, es posible reconocer que algunas de esas personas electas tienen especialización o experiencia en ciertas materias que, en alguna medida, podría aportar sentido práctico a sus resoluciones. También es razonable pensar que, aunque estarán más expuestos a influencias políticas, sociales o electorales, algunos de estos nuevos juzgadores decidirán ejercer su función con un compromiso auténtico hacia la justicia. Es posible suponer que hay algunas personas juzgadoras que valorarán cuidar su dignidad y la trascendencia de sus resoluciones, no por los beneficios indebidos que pudieran haber obtenido al dictarlas, sino por el contenido de las mismas.
En la discusión, se ha sostenido que uno de los riesgos más inminentes es la debilitación de la ética y la integridad judicial. Ante este panorama, debemos preguntarnos si las personas justiciables y la ciudadanía seremos proactivos para denunciar los actos indebidos en que incurran los juzgadores. Los riesgos de corrupción y de actos indebidos aumentarán, y será la vigilancia ciudadana la que marcará la diferencia entre un Poder Judicial degradado y uno que, pese a sus limitaciones, logre reconstruir su credibilidad.
Por su parte, una segunda óptica es el rol que deben asumir los litigantes, las empresas y la comunidad internacional en la implementación de la reforma y en la mitigación de los riesgos institucionales, operativos y de percepción pública que aquélla conlleva. El mercado negro de sentencias solamente existe si hay compradores. Por ello, en torno a los procesos judiciales debe promoverse el principio de cero tolerancia a la corrupción.
Las empresas tendrán que fortalecer sus programas de cumplimiento y debida diligencia para conocer a fondo a los despachos de abogados y consultores que contratan y asegurarse de que sus prácticas no representen una contingencia legal o reputacional. Los despachos, por su parte, deben impulsar la autorregulación mediante códigos de conducta claros, procesos internos efectivos y mecanismos de reporte de actos indebidos. El gremio de los abogados debe reactivar la discusión sobre la colegiación obligatoria, como un paso necesario para regular el comportamiento profesional en los procesos judiciales. Además, las barras, las cámaras empresariales, los colectivos de mujeres y las universidades deben promover la creación de observatorios que documenten el impacto de la reforma.
Con el toro ya de frente, es momento de apostar por la prevención y la mitigación de riesgos desde los espacios que aún pueden ocuparse: el compliance empresarial, la ética profesional, la denuncia ciudadana y la observación internacional. Todo ello debe hacerse sin abandonar la crítica y con la plena conciencia de que estas no son posturas ingenuas, sino las únicas herramientas que nos quedan para contener el daño.
Mientras la sociedad civil empuja por revertir los aspectos de la reforma que afectan a la justicia, vale la pena preguntarnos si es útil quedarnos atrapados en la discusión de todo lo nocivo de esta transformación. Quizá sea tiempo de enfrentar lo que viene con realismo y con responsabilidad activa. Eso incluye aceptar los riesgos, criticarlos y, al mismo tiempo, buscar espacios de mejora dentro de un sistema imperfecto.