¿Y si planeamos el ciclo escolar como si importara de verdad?
Ha cerrado ya el primer ciclo escolar del sexenio que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum. Serán solo cuatro ciclos escolares completos bajo su responsabilidad directa. Para más de 23.9 millones de estudiantes de educación básica, 5.5 millones en media superior y casi dos millones de docentes, concluye otro año escolar lleno de retos.
Durante los supuestos 190 días efectivos de clases, tres factores clave marcaron profundamente el calendario educativo y afectaron el derecho a aprender: el cambio climático, la inseguridad creciente y el impacto acelerado de la inteligencia artificial.
Primero, el cambio climático. Cada vez más presente en las aulas, altera los ritmos de aprendizaje: huracanes, olas de calor, inundaciones y sequías dañan la infraestructura escolar, reducen la asistencia y fuerzan interrupciones. Las maestras y maestros deben adaptarse rápidamente, recuperar lo perdido, y hacerlo sin un plan estructural ni recursos suficientes. Urge una política nacional que fortalezca las condiciones materiales de la escuela de forma sostenida y estratégica.
Segundo, la inseguridad. Es ya parte del paisaje cotidiano de miles de comunidades. Robos, vandalismo, amenazas, narcomantas, extorsiones y entornos violentos que no solo alteran el funcionamiento escolar, sino que generan miedo: miedo que se filtra en la enseñanza, en el aprendizaje y en el vínculo entre escuela y comunidad.
Tercero, la inteligencia artificial. Ha transformado el acceso al conocimiento y nos obliga a repensar la educación de fondo: ¿Qué enseñar?, ¿cómo hacerlo?, ¿para qué tipo de mundo?, ¿cuál es hoy el papel del docente cuando la información está a un clic de distancia?
Además del daño directo al derecho a aprender, estos tres factores tienen consecuencias económicas de largo alcance. Interrumpir el aprendizaje o degradar su calidad implica pérdida futura de productividad, aumento en la desigualdad y menor retorno de la inversión pública en educación. La evidencia internacional es clara: cada año escolar afectado genera rezagos difíciles de revertir. Pero hay algo aún más profundo: la escuela es, en muchos contextos, el único espacio de encuentro, protección y comunidad. Cuando se cierra o se debilita, también se fractura el tejido social. Por eso, garantizar escuelas abiertas, seguras y relevantes no es solo un imperativo educativo, sino una estrategia de desarrollo y de paz a largo plazo.
Por eso, cuando en Mexicanos Primero decimos que “la escuela importa”, no hablamos de nostalgia, sino de urgencia. El ciclo escolar 2025–2026 debe pensarse de forma distinta. Subir salarios no basta si no se mejora también la formación, el acompañamiento y las condiciones laborales del magisterio. La diversidad del país exige enfoques más flexibles, adaptables, con enfoque territorial y comunitario.
La volatilidad, la incertidumbre y el miedo no pueden seguir normalizándose en la experiencia escolar. Necesitamos una política educativa a la altura de este momento.
Que este verano sirva para alzar la voz. Que madres, padres, docentes y jóvenes nos animemos a exigir que se garantice de verdad el derecho a la educación. Es hora de salir de la zona de silencio.
Porque en un país que aspira a la transformación, la escuela no puede seguir resistiendo sola. Apostarle a ella no es solo justo; es lo más inteligente que podemos hacer.