Las comunidades del PP proponen que los menores de 40 años puedan acceder a hipotecas por valor del 100% de la vivienda
Las comunidades gobernadas por el PP han remitido al Ministerio de Vivienda una propuesta para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda que ha presentado el departamento de Isabel Rodríguez para el periodo 2026-2029 y que estas regiones han rechazado. El documento, que acompaña a una misiva enviada también a la ministra, incluye seis líneas estratégicas, una de las cuales, la destinada a proteger a familias en riesgo de pobreza y facilitar el acceso a la financiación, incluye "facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para compra de la primera vivienda, mediante avales u otras fórmulas que faciliten el acceso al crédito hasta alcanzar el 100% de la totalidad del precio de la vivienda".
Este eje también propone dar preferencia "a las familias cumplidoras de sus obligaciones de pago, distinguiéndolas de las que en abuso de derecho ocupan o inquiocupan una vivienda".
La propuesta de los populares inciden al respecto de la okupación en que es necesario "restablecer la seguridad jurídica a los propietarios de vivienda frente a las conductas fraudulentas de ocupación e inquiocupación, modificando el marco legal que sea necesario, en particular la Ley de Vivienda, y dotándonos de una Ley para el desarrollo urbano y la vivienda".
Las comunidades populares también abogan por eliminar las intervenciones de precios que "distorsionan el mercado y hacen todavía más inaccesible el acceso a una vivienda, especialmente a los jóvenes y a los más desfavorecidos".
Fomentar la oferta
El documento aborda igualmente el que desde el sector se considera como el principal problema tanto de la vivienda libre como de la social y asequible, la falta de oferta. Para incentivarla, solicita "movilizar suelo público, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda pública, social y asequible, en alquiler o en propiedad". También insta a movilizar parcelas de titularidad pública de carácter dotacional que los planeamientos hubieran destinado a dotaciones y equipamientos y que, finalmente, no hayan cumplido dicha función, lleven tiempo vacantes y puedan servir también a una finalidad pública como es incrementar la oferta de vivienda asequible.
Igualmente, sugiere poner en el mercado parcelas de titularidad pública de carácter patrimonial, obtenidas de las cesiones obligatorias de aprovechamiento lucrativo, para fomentar la construcción de viviendas en propiedad a precios asumibles.
Para promover la construcción de vivienda social, el PP apuesta por ofrecer incentivos a promotores, constructores y cooperativas de vivienda para el desarrollo de actuaciones de vivienda protegida y promover desde la administración la construcción de vivienda en alquiler asequible a un precio hasta un 30% por debajo del mercado.
En materia fiscal, el plan del PP pasa por reducir las cargas impositivas que recaen sobre las viviendas de protección pública, desde los procesos de creación, como en las transmisiones. Asimismo, aboga por impulsar las cuentas de ahorro destinadas a vivienda protegida que ofrezcan beneficios fiscales, como deducciones en el IRPF por las cantidades ahorradas, especialmente para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual.
Con el fin de fomentar la rehabilitación, la propuesta plantea fomentar líneas de financiación competitivas para las comunidades de propietarios y empresas rehabilitadoras, así como aplicar incentivos fiscales como reducir al 4% el IVA de la obra de rehabilitación o posibilitar las deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las ayudas o subvenciones a la rehabilitación de viviendas.
El Gobierno presentó en la pasada Conferencia de Presidentes una propuesta que eleva los fondos del Plan Estatal de Vivienda que arrancará el 1 de enero de 2026 hasta los 4.000 millones de euros. Los recursos de este plan, que en el que vence el próximo 31 de diciembre ascendían a 1.700 millones de euros, se reparten entre las comunidades para promover políticas de vivienda pública. Pero la novedad para el próximo programa no sería sólo que el Estado se propone más que duplicar estos recursos sino que va a condicionar su entrega a que las viviendas que se promuevan empleando estos fondos queden blindadas como viviendas públicas protegidas de por vida, tanto si se destinan a alquiler como a compraventa, en cuyo caso no podrían ser vendidas después a precios de mercado.
La propuesta del Ejecutivo no fue bien recibida por las autonomías del PP. De hecho, a finales de junio, Vivienda admitió que sólo la estaba negociando con seis.
En la misiva remitida a Rodríguez, las once comunidades autónomas y dos ciudades autónomas gobernadas por el PP han exigido al Gobierno que ponga en marcha un Plan Estatal de Vivienda "ante la inconcreción y errores" del Ejecutivo. La carta exige al Gobierno que active el plan y critica que, tras una primera reunión, el lunes pasado, de la comisión multilateral vivienda, Rodríguez "optó nuevamente por las vaguedades", lo que les ha llevado a presentar su plan alternativo.