Puigdemont pide al Constitucional que suspenda ya su orden de prisión en España mientras decide sobre su amnistía

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la negativa del Supremo a aplicarle la ley de amnistía, y ha pedido a los magistrados que, mientras deciden sobre su caso, le permitan volver a España sin ser detenido y suspendan de forma cautelar su orden de prisión vigente desde 2017.

Así lo solicita el expresident en su recurso de amparo contra el portazo que dió el Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. La confirmación del criterio del juez Pablo Llarena, que dejó el delito de malversación fuera de la ley de olvido del procés, llevaba a Puigdemont al tribunal de garantías, que ya ha avalado la ley de amnistía pero todavía no se ha pronunciado sobre el caso concreto del expresident.

La vigencia del delito de malversación decidida por el Supremo (y que contrasta con otros jueces de Barcelona que sí han amnistiado este delito) mantiene intacta su orden de detención. Esta orden de ingreso en prisión si pisa España es justamente lo que Puigdemont reclama dejar en suspenso, de forma cautelarísima (sin que el Constitucional pregunte antes a la Fiscalía) o cautelar, una vez recabado el criterio del Ministerio Público.

La retirada, aunque sea de forma provisional, de la orden de prisión es el pasaporte necesario para que Puigdemont pueda volver a España sin riesgo de ser detenido. La petición de Puigdemont llega cuando quedan pocas semanas para que se cumpla un año de su vuelta y fuga tras dar un discurso en el Arc de Triomf de Barcelona el día de la investidura de Salvador Illa como president.

La orden de prisión, argumenta la defensa de Puigdemont, sigue en vigor “sin haberse producido aún un juicio con garantías y en el contexto de una causa manifiestamente politizada y discutida ante instancias europeas y sujeta a la aplicación de la Ley de Amnistía” lo que, a criterio del expresident, “genera una vulneración anticipada de derechos fundamentales cuya protección exige la adopción inmediata de medidas cautelares”. Esto es, que se suspenda la orden.

Recuerda además la defensa el hecho de que Puigdemont es diputado electo en el Parlament, por lo que su detención no solo vulneraría su derecho a la libertad sino que incidiría de forma negativa en su derecho a la participación política.

En su recurso, Gonzalo Boye, abogado del expresident, remarca que la orden de prisión “carece del respaldo de una condena firme”, en un contexto en el que el legislador “ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal” del expresident mediante “una norma orgánica cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada”.

Para la defensa del expresident, la denegación de la amnistía al delito de malversación que se atribuye a Puigdemont revela “una estrategia de resistencia judicial” a la ley por parte del Supremo que atenta contra el principio de separación de poderes y de legalidad.

El primer ‘no’ a la amnistía del expresident lo efectuó el juez Pablo Llarena el pasado 1 de julio, dentro de los dos meses que la ley daba a los magistrados para decidir. El recurso a su negativa lo resolvió el propio togado en septiembre. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal no desestimó la apelación de Puigdemont hasta abril de este año, después de celebrar una vista, en la que el expresident alegó no solo en favor de su amnistía, sino que el Alto Tribunal no era el competente para pronunciarse sobre la misma. No fue hasta finales de junio que el Supremo rechazó el último recurso de Puigdemont y le abrió las puertas del Constitucional.