Después de siete años de indagación secreta, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha decidido imputar a Cristóbal Montoro y otras 27 personas porque considera acreditado que, durante su etapa como ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, se creó una red de influencias que utilizó su antiguo despacho, Equipo Económico, como bisagra entre las empresas gasistas y el poder legislativo. El juez corrobora así la exclusiva de este diario en el año 2017, cuando Montoro estaba en la cima de su poder. A cambio de pagos sustanciosos, el despacho habría redactado modificaciones normativas 'ad hoc' que, con la colaboración de altos cargos ministeriales, se tradujeron en beneficios fiscales concretos para las compañías del sector. No es fácil discernir el horizonte judicial de esta imputación, pero lo que sí constituye terreno sólido son las evidencias de abuso del Estado que han aflorado con la acción judicial. Estas dan cuenta de una serie de conductas que, gracias al blindaje político que el ministro levantó en torno a su figura, escudándose en la emergencia económica para concentrar poderes en su ministerio, le permitieron someter a la Agencia Tributaria a una lógica de parte y convertirla en un instrumento para acosar a quienes cuestionaban sus designios. Es precisamente ahí donde el caso alcanza su dimensión más turbia: una serie de correos electrónicos prueban el uso de la Agencia Tributaria no solo como entidad recaudadora, sino como herramienta de intimidación. El periodista de este diario Javier Chicote fue objeto de una persecución fiscal tras publicar lo que ahora asume el juez. Chicote denunció en su día, y lo ha vuelto a recordar ahora, que Hacienda llegó a investigar hasta a su hija de pocos años. Tres meses después de que el ministro lo señalara públicamente, la unidad de élite de la Agencia Tributaria —la ONIF— elaboró un informe específico sobre él, remitido a la cúpula de Inspección. No era un gran contribuyente ni un evasor internacional: era un periodista que había contado una verdad incómoda. Y lo más alarmante es que esta forma de pervertir las instituciones con la excusa de la emergencia no ha sido erradicada, sino perfeccionada por el Ejecutivo actual. Ya no sólo se trata de que el actual Gobierno se ha beneficiado del poder de esta Agencia Tributaria jurídicamente dopada, sino que Pedro Sánchez ha estirado aún más los límites de la excepcionalidad institucional: la Fiscalía actúa en muchos casos como órgano gubernamental, el Tribunal Constitucional ha sido sometido a una colonización partidista sin disimulo y el CIS se ha convertido en un instrumento propagandístico. La coartada ha cambiado —la ultraderecha, el cambio climático, la pandemia—, pero la lógica es la misma: convertir las instituciones en extensiones del poder y no en frenos al mismo. Esta imputación pone en evidencia un patrón: no hay ideología que salve al Estado del abuso si no existen mecanismos reales de control. Y ese control empieza por no trivializar la captura de instituciones ni permitir que quienes las han instrumentalizado salgan indemnes. Este caso debe servir no solo para depurar responsabilidades, sino para exigir una regeneración institucional profunda. Porque si lo que se investiga es cierto —que hubo quien pagó por legislar y quien cobró por permitirlo—, y que la Agencia Tributaria ha sido convertida en un instrumento para la venganza tributaria y política, no estamos ante un desliz, sino ante la subversión del orden democrático.
