IMPI impulsa programa para proteger la propiedad industrial ante la IA
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) busca modernizar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para atender los retos que plantea la Inteligencia Artificial.
Esto cobra especial relevancia al considerar que solo 6 por ciento de las patentes en México son nacionales, mientras que 94 por ciento provienen del extranjero, explicó su director general, Santiago Nieto Castillo.
“Actualmente no existe una legislación que defina con claridad si una obra creada por inteligencia artificial puede ser protegida por el sistema de propiedad industrial”, señaló durante el foro Presente y futuro del Compliance en México, organizado por la Secretaría de Economía.
El funcionario explicó que el IMPI ya trabaja con el Congreso en una iniciativa para regular estos casos.
“Estamos colaborando para generar una reforma que permita regula aspectos de la inteligencia artificial de mejor manera”, subrayó.
Durante el evento, la diputada del Partido Verde, Ana Erika Santana González, expresó su respaldo a la propuesta y resaltó la disposición del Legislativo para avanzar en la regulación.
“Buscamos una legislación que esté a la vanguardia en materia de inteligencia artificial”, afirmó.
Nieto también alertó sobre el rezago que enfrenta el instituto. “Cuando llegamos en 2023, la productividad nacional era de 700 patentes. Nuestro objetivo es alcanzar mil 200 este año”.
Sin embargo, advirtió que el IMPI mantiene un atraso significativo, con alrededor de 48 mil solicitudes pendientes de resolución.
Como parte de su estrategia para fortalecer la innovación en el país, el IMPI se postuló ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para fungir como Autoridad Internacional de Búsqueda y Examen Preliminar en materia de patentes, un reconocimiento sin precedentes en América Latina.
La reforma propuesta contempla que las violaciones a derechos de propiedad industrial generadas con inteligencia artificial puedan ser sancionadas mediante procedimientos contencioso-administrativos y que los titulares de derechos implementen sistemas de compliance para garantizar el cumplimiento normativo.