Júbilo en Cañada Real con la sentencia por derribo que aprieta a Almeida: "El plan de realojo es coaccionar al vecino"

La palabra “éxito” es la más repetida. “Es un éxito. Un éxito rotundo”, asegura en el primer minuto María López, la portavoz de la Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real, un movimiento que nació ante la falta de electricidad en el asentamiento más famoso de Madrid y hoy celebra una sentencia que condena por primera vez a un alto cargo de Cibeles por la demolición de una vivienda. Aún cabe recurso, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado nueve años de inhabilitación para cargos o empleos públicos vinculados a su sector al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Julio César Santos, que además deberá indemnizar al afectado.

No se trata de un fallo al uso: aunque se trate de una denuncia particular, la resolución pone en entredicho el protocolo de derribos de José Luis Martínez-Almeida y señala a su administración como responsable civil subsidiaria, una figura legal que obliga a pagar económicamente los daños causados por un tercero (en este caso, su jefe de Disciplina Urbanística) si este último no pudiera hacerse cargo. De una forma u otra, la sentencia les salpica.

“Cuando empezamos a denunciar los cortes de suministro ya dijimos que la luz era solo un mecanismo más para echar a la gente. Ahora hablan de plan de realojos, pero su forma de hacerlo es coaccionando al vecino”, sentencia la portavoz de la plataforma por la Cañada Real, que recuerda otro caso similar en Rivas. El Ayuntamiento tuvo que indemnizar con 15.000 euros a una propietaria de una vivienda derribada en su tramo de la vía, en una demolición que impulsó otro alto cargo regional implicado en este caso.

La Fiscalía pedía diez años de inhabilitación tanto para César Santos como para el excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real en julio de 2022, cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo el segundo, Mikel Gorbea, ha salido absuelto. Gorbea ejerció como coordinador entre administraciones vinculadas al asentamiento entre 2021 y 2023, momento en el que cesó del cargo y fue sustituido por el actual responsable, Ignacio Sánchez.

En este caso el quid de la cuestión reside en que el Comisionado no tiene el poder de iniciar expedientes o ejecutar desalojos como tal, y teóricamente solo reúne o distribuye información entre las distintas administraciones implicadas en la Cañada, como el Gobierno central, el autonómico o los ayuntamientos de la capital, Rivas-Vaciamadrid o Coslada, municipios por los que se extienden los 14 kilómetros de vía que albergan parcelas, casas o chabolas.

La situación socioeconómica de muchos vecinos o la seguridad en ciertos sectores de vivienda (hay seis en total) son cuestiones que llevaron a una unión de entidades públicas: el Pacto Regional por la Cañada Real, un acuerdo para buscar soluciones a los grandes problemas de la zona. Uno de sus planteamientos clave son los realojos para desplazar a sus habitantes a otras zonas de la región, en viviendas cofinanciadas por fondos europeos.

La Cañada Real tiene más de 7.000 habitantes, según el censo de 2017. Para ello, se han destinado 330 millones de euros hasta 2034 con el fin de garantizar viviendas dignas a 1.600 familias. De cumplirse las previsiones, el asentamiento desaparecerá en la próxima década. Según marca el protocolo, los traslados se realizan de manera escalonada y tras ellos, se procede a la demolición inmediata de las viviendas abandonadas. Sin embargo, todavía hay habitantes que se resisten a marcharse e intentan ir más allá: muchos rehúsan o se resisten e inician pleitos administrativos para permanecer en sus casas.

Fue el caso de A.C., el denunciante que ha llevado a una primera sentencia de inhabilitación por el derribo de su parcela hace tres años, la número 203. Durante la pandemia le ofrecieron trasladarse a otro edificio en Cobeña, una pequeña localidad a 60 kilómetros de su trabajo. La rechazó por la vía administrativa y, tiempo después, se inició un expediente de demolición para su vivienda, a instancias del jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. Este vecino, de origen marroquí, había viajado a su país natal en el momento del derribo.

Llevaba empadronado en la vivienda desde 2006, tenía trabajo y permiso de residencia en vigor. Pero no recibió aviso, ni siquiera aunque hubiese un procedimiento abierto después de presentar el escrito de alegaciones. “Creemos que el excomisionado también tenía responsabilidad, pero entendemos los argumentos de la sentencia que lo exculpan”, resumen los abogados defensores de A.C. Carlos Castillo y Javier Rubio pertenecen al CAES, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales que ha llevado su caso.

En conversación con Somos Madrid, los magistrados celebran la sentencia y aseguran que “no tendría sentido” que el Ayuntamiento mantuviera en funciones al responsable de Disciplina Urbanística después de ser inhabilitado. “Aunque aún no haya sentencia firme, cualquier dictamen que lance ahora estará ensuciado por este caso”, determina Rubio, que se enorgullece de este primer paso y asume que “podría ser un salto en cómo entendemos el trato a las personas vulnerables de la Cañada”. “A veces es posible hacer justicia, incluso en barrios estigmatizados”, añade Castillo.

El consistorio, preguntado por la sentencia, indica que sus servicios jurídicos estudian un posible recurso que alargue el proceso y niegan que vaya a destituirse a Julio César Santos, al menos, “hasta que la resolución no sea firme”. En general, para velar por los acuerdos adoptados en torno a la vía pecuaria existe un Comité Ejecutivo del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Depende de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que es el órgano encargado de tomar las decisiones sobre el asentamiento irregular o coordinar el plan de realojos acciones relacionadas con el plan de realojos.