Otra denuncia penal por prevaricación con el chalé de Xabi Alonso en Donostia duerme en los juzgados desde 2023

Un juzgado de instrucción de Donostia, el número 2, mantiene formalmente abierta otra investigación en torno a las presuntas irregularidades en la concesión de una licencia urbanística para construir un chalé en el paraje Txalin de Igeldo a la sociedad Tavaro XXI, detrás de la cual está el actual entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, y su esposa, Nagore Aranburu, que es la administradora. Es paralela a la causa abierta hace unas semanas, el 30 de junio, por la Fiscalía, tras una denuncia en relación con los accesos a esa vivienda de lujo.

Según detallan fuentes judiciales, un particular formuló esta denuncia penal el 24 de enero de 2023, después de la festividad de San Sebastián. ¿Qué ha ocurrido con ella? Fue archivada en marzo de ese año, dos meses después, sin que se hiciera ninguna comprobación. Tras un recurso de reforma infructuoso previo ante el propio juzgado, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ordenado finalmente en marzo de este año que se reabra la causa aunque únicamente contra el arquitecto municipal, H.O., al que se señala por un presunto delito de prevaricación. Sin embargo, desde que le fue notificado ese auto el 8 de abril, la magistrada María José Rúa Portu no ha realizado ni un solo movimiento, siempre según estas fuentes.

En la denuncia se enumeraban las posibles irregularidades en torno a la concesión de licencia para la edificación del chalé. Se citaba, por ejemplo, el papel de la sociedad Malugel, propietaria de una finca más amplia en Igeldo y que segregó y vendió 10.000 metros cuadrados a Tavaro XXI para levantar la casa. Se señalaba a una batería de posibles responsables, incluido el exconcejal socialista Enrique Ramos y el arquitecto municipal.

El 27 de marzo de 2023, el juzgado acordó el sobreseimiento de las actuaciones sin haber realizado ninguna comprobación ni diligencia de investigación. El denunciante formuló un recurso de reforma, que se resuelve en la misma instancia, y fue desestimado en junio de 2024. Sin embargo, entre medias, en enero de ese año, trascendió una sentencia en la vía contencioso-administrativa que anulaba la concesión de la licencia a Alonso y Aranburu por las mismas irregularidades urbanísticas que se describían en la denuncia penal.

El particular presentó un recurso ante la Audiencia Provincial y en marzo de este año emitió un auto en el que daba la razón parcialmente al denunciante. En esa resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, consta cómo el juzgado acordó en 2023 a la vez abrir y cerrar la investigación. Es decir, no movió un solo papel. Ni siquiera se tomó declaración al denunciante para que expusiera sus argumentos, como reconoció también la Fiscalía, que se ha adherido a algunas peticiones. La sección primera de lo penal del alto tribunal provincial, compuesta por los magistrados Augusto Maeso, María José Barbarín y María José Aguirre, vio “prematura” la decisión de archivo y “necesaria la práctica de diligencias de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos”.

Básicamente, planteaban razonable repasar las actuaciones del alto funcionario municipal por si pudieran ser constitutivas de un delito de prevaricación, es decir, de adoptar resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son. Es un delito no penado con cárcel pero que sí comporta la inhabilitación de los funcionarios o cargos públicos que lo cometen.

En la denuncia, se apunta claramente a que hay indicios de que se dio autorización desde el Ayuntamiento de Donostia para esa vivienda moderna por haberla pedido una sociedad “ligada al exfutbolista internacional y entrenador” Alonso. La construcción es controvertida porque pretendidamente iba a reconstruir un caserío y la normativa autonómica fija unas condiciones para respetar el patrimonio. El resultado es una casa moderna de cubierta plana en otra ubicación de la parcela.

De hecho, esto es lo que determinó una sala de lo contencioso-administrativo. El Ayuntamiento y la defensa de Alonso y Aranburu recurrieron esa sentencia ante el Superior vasco, que debería pronunciarse en breve sobre ese fallo inicial de 2024, según el entorno del entrenador del Real Madrid. En el aire está si se tiene que proceder al derribo o si bastarían con algunas reformas que legalicen los incumplimientos.

Este proceso penal es paralelo pero, en todo caso, no ha avanzado nada a pesar del dictamen de la Audiencia Provincial. Ordenó al juzgado retomar la investigación -o más bien iniciarla- y, aunque esta orden llegó el 8 de abril, no consta ninguna actuación. Eso sí, ahora, desde el 30 de junio, la Fiscalía tiene abiertas otras diligencias de investigación.

En este caso provienen de una denuncia doble de Ekologistak Martxan y Haritzalde Naturzaleen Elkartea, aunque otros colectivos locales como Igeldoko Herri Kontseilua y Ieltxo Kultur Elkartea también han presentado escritos al Ayuntamiento en términos muy similares. Se analiza un nuevo posible caso de prevaricación porque, aparentemente, la casa de Alonso y Aranburu disponía de un acceso temporal empleando un camino que no es de uso público, ese permiso ha expirado y nadie ha frenado que siga siendo utilizado. Por el momento, tampoco constan actuaciones en esta causa. Hay de plazo hasta el 30 de diciembre para que el ministerio fiscal determine si hay base para formular una denuncia y abrir un sumario en un juzgado de instrucción.