España busca hoy respaldo político para hacer oficial el catalán en la UE y consumar su pacto con Puigdemont

El Gobierno buscará este viernes en una reunión de ministros de la Unión Europea el respaldo político para avanzar en el estudio de su propuesta para el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE; tras varios intentos fallidos para que esta medida, que requiere el respaldo por unanimidad de sus socios, fuera sometida al voto de los 27 para su adopción.

Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se ha incluido en la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE -cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, otra cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y una sexta, en mayo con Polonia-.

Esta vez no se presenta como un "punto para adopción" -como pidió España en citas anteriores-, sino como un mero punto de debate, lo que en la práctica supone dejar margen al secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, para solicitar en el último momento una votación si así lo considera.

El debate del pasado mayo fue "duro", según aseguraron varias fuentes diplomáticas, ya que a la decena de países que habían expresado sus reservas en reuniones preparatorias, se sumó Alemania, cuyo representante tomó la palabra para rechazar de plano la votación y cuestionar la falta de información.

De esta manera, ahora varias delegaciones han confirmado que mantienen las reservas porque "nada ha cambiado" respecto a la falta de respuesta a sus reiteradas preguntas sobre el impacto legal, práctico y financiero de un cambio del reglamento de lenguas. Además, los servicios legales mantienen firmes dudas y advierten de que podría ser necesaria una reforma de los Tratados para afianzar su base legal.

No en vano, cuando España intentó por primera vez la oficialidad de las lenguas en 2023, la votación quedó también aplazada a expensas de avanzar el análisis en grupos de trabajo en el seno del Consejo, aunque este encargo no llegó a concretarse y Madrid optó por buscar acuerdos en bilateral directamente con las capitales.

Ahora, algunas delegaciones ven un giro en el modo de operar del Gobierno al no insistir en la adopción inmediata y lo interpretan como una señal de "apertura y pedagogía", según explica un diplomático en Bruselas, aunque insisten en que para avanzar en la reflexión es necesario un "trabajo preliminar exhaustivo" que no se ha dado por ahora a nivel de 27.

Este giro puede ayudar a que la petición sea tomada más en serio, valoran fuentes diplomáticas, en tanto que no insiste en votar una medida que está muy lejos de la unanimidad requerida; por lo que puede servir para comprobar si hay una mayoría suficientemente amplia de Estados dispuestos a seguir explorando, por ejemplo en grupos de trabajo o encargando a la Comisión y al Consejo las evaluaciones de impacto que un buen número de socios reclama.

Estas son las reclamaciones clave que los países con mayores dudas hacen desde que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llevó el asunto por primera vez a una reunión de 27 en el segundo semestre de 2023 pero que no han sido atendidas en ninguna de las ocasiones que la oficialidad de las lenguas cooficiales ha vuelto a la agenda del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Esta misma semana, Albares admitió desde Bruselas que no hay unanimidad, pero defendió que las lenguas cooficiales deben "oficializarse pronto" porque la situación actual es una "discriminación hacia España y hacia nuestra identidad nacional".

A pocas horas de que se celebre la reunión de ministros, además, los presidentes de Cataluña y País Vasco, Salvador Illa e Imanol Pradales, se han sumado a la presión sobre la UE con una carta a la que no se ha sumado el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y que ha sido enviada a los ministerios de Exteriores de los 27 para reclamar "justicia lingüística" para una iniciativa con "amplio respaldo social".