El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quiso acudir ayer hasta la localidad de Medina del Campo para rechazar la petición de ayuda de su alcalde, Guzmán Gómez (PP) y concluir que se trata de una «ciudad segura, muy segura» y que el «único problema» se circunscribe al capítulo de servicios sociales y que «a algunas personas no les gusta en exceso ver a ciudadanos de ciertas etnias o nacionalidades». El regidor había trasladado hace unos días por carta a la Subdelegación la inquietud de los vecinos ante la concentración de más de una veintena de temporeros magrebíes durante la noche en espacios públicos protagonizando peleas «entre ellos» y borracheras. Canales no sólo negó la mayor, sino que expresó su malestar ante la percepción de que «parece que alguien tiene interés en denostar el buen nombre de la localidad, creando una imagen negativa de ella para los potenciales visitantes», en referencia, en teoría, al propio edil popular. En cambio, para el representante del Gobierno todo «se desmonta claramente» con «datos objetivos» que le llevaron a afirmar que desde la llegada de los temporeros -el día 23 de junio- la tasa de criminalidad «ha descendido un 36 por ciento respecto del año pasado» sin reconocer, en un primer momento, eso sí, que los múltiples incidentes sucedidos el año pasado por estas mismas fechas hicieron que el municipio se situara como el segundo de España donde más había aumentado la delincuencia. Luego matizó «que hubo un montón de peleas» en 2024 por estas fechas, y que ahora «las hay, pero muchas menos». Para Canales, que recorrió el pasado sábado el municipio, «no se percibe inseguridad y se puede pasear tranquilamente» censurando de nuevo que «esa percepción» la hubiera puesto en entredicho, en su opinión, el primer edil con la carta en la que hace constar la presencia «de personas de origen magrebí» que se concentran en parques y espacios públicos. En este sentido, el subdelegado fue a más aún al trasladar a Gómez que «nos encontramos en un Estado de las Autonomías donde cada administración ejerce su competencia, en este caso la Subdelegación del Gobierno la suya propia en materia de seguridad y el alcalde y la Policía Local la que le corresponde en servicios sociales», ámbito este último en el que Canales circunscribe los problemas relatados por el regidor medinense. «Me sorprende que me dirija a mi la carta y no a Junta , pues no es un problema de seguridad», de ahí que reiterara el mensaje de que Gómez y su policía cumplan sus competencias en esta materia o en medio ambiente, urbanismo o la protección de la salubridad en parques y jardines. En su análisis de la situación, el subdelegado destacó que Medina es una localidad caracterizada por el trabajo de los temporeros agrarios, en este momento dedicados a la recogida de la patata, y que, gracias a ello, «en ausencia de mano de obra nativa», se pueden cubrir las necesidades de los empresarios de la zona. Sí añadió que la Policía Nacional y la Guardia Civil, sobre todo en esta época, refuerzan su dispositivo -ha habido «500 identificado en este periodo»- para controlar que los trabajadores emigrantes se encuentran en situación regular y con permiso de trabajo, algo de lo que también son bien conscientes los empresarios debido a las fuertes multas que supone el incumplimiento de estos requisitos, de hasta 10.000 euros por trabajador irregular.
