Rompiendo las reglas… otra vez, por Sofía Aron Said
Por segundo año consecutivo, el Perú ha incumplido las reglas fiscales. Esta semana, el Consejo Fiscal —órgano técnico e independiente encargado de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas— publicó su evaluación sobre el desempeño fiscal del país en 2024. Sin embargo, para comprender por qué esto debería encender nuestras alertas, conviene hacer una pausa y regresar al punto de partida.
¿Para qué sirven las reglas fiscales? Las reglas fiscales son, en esencia, límites autoimpuestos que evitan que los gobiernos gasten más de lo que pueden sostener en el tiempo. Existen porque la tentación de gastar, sobre todo en períodos electorales o ante presiones políticas, es constante, y sin restricciones claras, la deuda se dispara y la estabilidad económica se pone en riesgo.
Estas reglas buscan garantizar tres cosas: (1) que el gasto del Estado esté alineado con sus ingresos, (2) que se preserve capacidad de respuesta en tiempos de crisis y (3) que se proteja la confianza de los ciudadanos y de los mercados en la solvencia del país. En otras palabras, son la base de una gestión responsable. Romperlas no es solo una infracción técnica; es una señal de alerta sobre la salud institucional del país.
Volvamos al informe. En 2024, el Estado gastó mucho más de lo que tenía permitido. El déficit fiscal —que es cuando el gobierno gasta más de lo que recauda— llegó al 3.5 % del PBI, cuando la regla decía que no podía pasar del 2.8 %. Además, por primera vez desde 2009, también se rompió otra regla importante: la que pone un tope a cuánto puede crecer el gasto del Estado. Esa regla decía que el gasto no debía crecer más del 4.7 % (ajustado por inflación), pero terminó creciendo 6.2 %.
Todo esto ocurrió sin un shock externo que lo explique. No hubo pandemia, ni guerra, ni recesión global. La economía creció 3.3 % y los precios de exportación fueron altos. En otras palabras, no fallamos por emergencia; fallamos por decisión. El desvío era evitable, y fue advertido a lo largo del año por el propio Consejo Fiscal.
Lo más grave es que el Gobierno modificó las reglas a mitad de camino para hacerlas más flexibles, y ni así se cumplieron. A inicios de año, el objetivo de déficit era 2.0 %. Luego se elevó a 2.5 %, y finalmente a 2.8 %. Aun así, el resultado fue 3.5 %. Esto socava la credibilidad. Una regla que se cambia cada vez que incomoda deja de ser una regla. Y un país que no respeta sus propias metas pierde confianza.
¿De dónde vino el desbalance? El gasto público creció en más de 20 mil millones de soles. Parte se explica por mayores inversiones y transferencias extraordinarias (como el rescate a Petroperú), pero también por un crecimiento sostenido en planillas (+6.1 %), impulsado por normas aprobadas sin sustento fiscal desde el Congreso. Solo en 2024, se promulgaron 24 leyes sobre personal, muchas por insistencia.
Mientras tanto, los ingresos se quedaron cortos. Se recaudaron 12 700 millones menos de lo proyectado. No porque la economía estuviera mal; de hecho, creció más de lo previsto, sino por una mezcla de errores de estimación y medidas que debilitan la recaudación estructural.
Detrás de estos números hay un deterioro más profundo. Desde 2013, la deuda pública neta ha pasado de 2.7 % a 23.5 % del PBI. El fondo de estabilización fiscal ha caído a solo 1.1 % del PBI. Además, se están usando los ahorros del Estado para tapar huecos: como ya no alcanza con lo que se recauda, el gobierno está sacando plata de otros activos financieros.
La consecuencia es clara: si mañana enfrentamos una nueva crisis —climática, sanitaria o internacional—, tendremos menos margen de maniobra. Y eso es precisamente lo que las reglas fiscales buscan evitar.
En este escenario, el trabajo del Consejo Fiscal cobra especial relevancia. Su función no es popular: decirle al Ejecutivo y al Congreso que no pueden gastar más, advertir cuando las cuentas no cuadran, alertar cuando se cruzan líneas rojas. Pero esa es justamente la voz que se necesita para evitar crisis evitables.
El Perú tiene la fortuna de contar con un CF técnicamente solvente, pero su influencia aún es limitada. A diferencia de otros países, su opinión no es vinculante y sus advertencias suelen ser ignoradas.
Volver a la disciplina requiere restaurar el vínculo entre el presupuesto, las reglas fiscales y la planificación multianual. Exige voluntad política, liderazgo técnico y responsabilidad. Cumplir las reglas no debería ser una aspiración; debería ser lo mínimo. El Consejo Fiscal ha cumplido su tarea. Ahora le toca al Gobierno y al Congreso decidir si están dispuestos a escuchar.Preguntar a ChatGPT