Cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente de 2001 en Córdoba fijó la regularización en ocho planes de decenas de parcelaciones ilegales de Córdoba (miles de viviendas) para obtener sus escrituras legales, licencias y servicios básicos, pocos podrían pensar que de aquel tortuoso debate político y realidad física y urbanística -de uno de los términos municipales más grandes de España- saldría dos décadas después la primera luz. El Alamillo , una parcelación situada a la salida de Villarrubia y en la margen derecha de la A-431 en dirección a Palma del Río ha conseguido llegar a la meta tras 23 años de trámites, obstáculos y requisitos urbanísticos que han hecho tirar la toalla a numerosos parcelistas en Córdoba y que, en este caso, han obtenido la recompensa de la persistencia. El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo va a aprobar este martes (al menos con la mayoría absoluta del PP) el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 4 del Plan Parcial O-6 El Alamillo. Dicho de otro modo, la distribución legal y registral de todas las parcelas y propiedades existentes en la ordenación de este territorio, y como paso previo a las obras de urbanización para dotarse de esos servicios. Es la primera parcelación de Córdoba y de aquel ramillete histórico del PGOU de 2001 que llega a la meta. Cuevas de Altázar lo hizo hace un año, pero venía del anterior PGOU de 1986 y a través de otro instrumento diferente de regularización como es un plan especial, no con los pasos que obliga un plan parcial. Aunque ahora reste el proceso de obras y de dotarse de alcantarillado y suministro de agua para empezar, los parcelistas pueden presumir de ser legales y tener todos los papeles en regla. El Alamillo cuenta con unas 130 fincas registrales que darán de sí unas 400 viviendas. Los primeros trámites de regularización se iniciaron en 2002. Los propietarios contrataron los servicios de la empresa Ecourbe en 2007 para llevar las riendas jurídicas y urbanísticas de un proceso que acabará en 2025 su recorrido legal. Ahora se les notificará el acuerdo a los propietarios y una vez sea firme el acuerdo de Gerencia se mandará al Registro de la Propiedad para su inscripción: el salvoconducto clave que dará pie a su escritura de finca urbana. A partir de ahí llegará la tramitación de un proyecto de urbanización que ya está redactado y culminará en las obras necesarias para dotarse de servicios. En este recorrido los propietarios, ya constituidos en Junta de Compensación han tenido que abonar casi 1,4 millones de euros tanto para pagar la garantía del 7 por ciento que marca la ley como para hacer frente a la cesión del 10 por ciento de los terrenos al Ayuntamiento, como en todo plan parcial que se precie. Al no haber terreno libre se ha tenido que monetizar, previa valoración. De lo primero asumieron unos 500.000 euros con el aval de los propios caminos. El 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico ha costado sangre, sudor y lágrimas. Convencer a decenas de parcelistas en diferente situación no ha sido fácil, tampoco encauzar el asunto con los técnicos municipales que exigían el pago antes que la aprobación urbanística. Finalmente, en noviembre de 2024 se depositaron en la cuenta municipal 914.000 euros.
