De Menem al Estado: los caminos de Aysa y sus gastos crecientes
El gobierno de Javier Milei avanza en la segunda privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), pero todavía hay un número que alerta.
A su vez, detalló que se va a tratar de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores.
Tal como reveló El Cronista, la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución Sintetiza 76/2025 de la Agencia de Planificación donde se presentó la conformidad al plan de acción de la empresa pública que conduce Alejo Maxit desde febrero pasado.
Según pudo saber El Cronista, con fuentes oficiales del Ministerio de Economía, a través del plan se busca alcanzar el equilibrio económico financiera con prioridad en la eficiencia y austeridad para que los servicios se pueden sostener sin aportes adicionales del estado.
"Este plan incluye racionalización de gastos operativos, adecuación tarifaria y revisión exhaustiva de proyectos e inversiones, especialmente en contextos de restricción presupuestaria", marcaron desde el entorno del ministro Caputo.
A la par de que, aseguran, se tomaron acciones para mejorar la calidad y continuidad del servicio, optimizar procesos internos, y fomentar una cultura de responsabilidad ciudadana mediante medidas como la micromedición y la reducción de morosidad.
Los números atrás
Cuando Milei llegó a la presidencia el 10 de diciembre de 2023, AYSA tenía un déficit $ 253.111,5 millones según el informe de la Oficina Nacional de Presupuesto que depende del Ministerio de Economía, que conduce, Luis Caputo.
Para ese entonces la empresa generaba ingresos corrientes por $ 253.341,7 millones de los cuales: $ 145.391,6 millones correspondían por operación; $ 86.958,7 millones a transferencia del Tesoro; y $ 2.991,4 millones. Mientras que los gastos corrientes ascendían a $ 488.453,2 millones.
Tabla extraída de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Al interior de esta visión, los mayores costos los tenía la empresa por gastos de operación ($ 262.592,5 millones). De los cuales $ 115.438,5 millones era por remuneraciones de los empleados, $ 109.426,9 millones por bienes y servicios y $ 37.727,5 millones por otros gastos. A la que se le deben sumar otro $ 225.860,7 millones.
La tarea de pasar la motosierra en la empresa pública que conducía Malena Galmarini hasta diciembre de 2023, primero estuvo en manos de Marcelo Papandrea quien fue desplazado del cargo en marzo de 2024 y sucedido por Alejo Maxit.
Ya con Maxit a la cabeza de la empresa, en el tercer trimestre de 2024, la empresa alcanzó su primer resultado positivo: un superávit de $ 22.500,4 millones, con los aportes del trabajo de Panpandrea los meses previos y sin transferencia del Tesoro, pero al diciembre esa variable cerró en $ 400 millones.
Según el último reporte de la Oficina de Presupuesto, al cierre del primer trimestre de 2025, la empresa tuvo un resultado económico positivo de $ 51.745,3 millones. A partir de ingresos de operación de $ 319.171,1 millones y gastos corrientes de $ 267.425,7 millones.
Tabla extraída de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Pero si se mira al interior de esta última variable, $ 196.318,4 millones fueron por gastos de operación de los cuales $ 60.477,2 millones tuvieron como destino las remuneraciones. Una cifra que se diferencia por poco de los bienes y servicios que fue de $ 94.027,7 millones.
El primer intento
Pero no se trata de la primera vez que el estado quiere deshacerse de AYSA, en 1993 bajo la presidencia de Menem, se inició el mismo proceso que ahora: la licitación la gano la empresa francesa Lyonnaise des Eaux (Suez). Pero años más tarde volvió.
A causa de incumplimientos contractuales y falta de obtención de metas de calidad, en el año 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se rescindió el contrato y la empresa volvió estar bajo la órbita del estado. Con la Ley Bases 27.472, y las negociaciones de meses que conllevo su sanción, AYSA no logró salir de la lista de sujetas a privatización.