La UCO detectó que las empresas conocían los presupuestos de Rajoy antes que el Congreso y señala a Montoro
Los agentes inciden en que la intermediación de Equipo Económico fue determinante para las modificaciones legales y en que su "capacidad de influencia" venía determinada por la cercanía al entonces ministro de Hacienda
El correo que originó el caso Montoro: “La vía directa es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro”
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alertó en 2021 de que el despacho de Cristóbal Montoro había conseguido modificaciones legales para empresas gasísticas y que estas habían llegado incluso a tener acceso a la redacción de los presupuestos generales del Estado antes de que se presentasen en el Congreso. Los agentes situaron a Montoro como principal sospechoso. “La cercanía y confianza de los socios de EE con el Ministro de Hacienda pudiera haber dotado a este despacho de la capacidad de influencia suficiente para instar y lograr los cambios normativos perseguidos”.
El informe de 2021, al que ha tenido acceso elDIario.es, forma parte del sumario sobre la investigación contra Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, levantó esta semana el secreto sobre ese sumario y acordó la imputación de Montoro y otras 27 personas, entre las que se encuentran varios altos cargos de la administración durante el gobierno de Mariano Rajoy.
El documento redactado por los agentes de la UCO señala que “el contenido de los correos electrónicos intervenidos pone de manifiesto la contratación, al menos en dos ocasiones, de EE por parte de las gasísticas aglutinadas en AFGIM, contrataciones a las que habrían recurrido por la presunta capacidad del despacho para influir en el Gobierno a la hora de instar y facilitar las reformas legislativas perseguidas por dicho sector.
Los agentes hacen constar que la mediación de Equipo Económico habría sido fundamental para cambiar el criterio de Hacienda respecto a la tributación del sector gasístico: antes de su participación, el Ministerio no quería rebajar el impuesto, y solo lo hizo tras la intervención del despacho de Montoro, a quien pagaron 312.180 euros: “Un cambio de criterio por parte del Ministerio de Hacienda en tan solo nueve meses”. La UCO incide en que ninguna de las vías empleadas antes por las empresas había prosperado.
Los agentes señalan que Equipo Económico interviene de nuevo para rebajar el Impuesto de Actividades Económicas a estas empresas. Las gasísticas contactaron con el Ministerio para tratar de que se incluyera la modificación, pero fracasaron. Ahí entra el despacho de Montoro otra vez a hacer gestiones. Así, en una reunión de la patronal de las empresas de gas industrial (AFGIM) se reflejó que había dificultades a finales de 2017 para sacar adelante los presupuestos por “la situación en Cataluña”, pero se aclaró: “Eso no quita para tener la certeza de que el borrador incluye la modificación de las Notas Aclaratorias del IAE, y prueba de ello es que el Subdirector de Impuestos Locales contactó telefónicamente con el Secretario para aclarar unas dudas que tenían en relación con la propuesta de redacción, que quedaron aclaradas”.
“Esto último sería una muestra clara de la certeza que tendría AFGIM sobre la inclusión de la modificación perseguida en el borrador de la Ley de Presupuestos Generales. Teniendo en cuenta que el primer borrador registrado en la página web del Congreso de los Diputados es de abril de 2018, eso implicaría que 6 meses antes de que se hiciese público dicho borrador, parece que AFGIM ya tenía asegurado el trámite para conseguir su propósito”, concluyen los agentes.
El informe señala que había un canal de comunicación directo entre AFGIM y el Ministerio de Hacienda y que consiguieron su objetivo de modificar los presupuestos de 2018: “Todo ello después de la entrada en escena de EE, quien por segunda vez habría demostrado a las gasísticas su capacidad para interceder con el Ministerio de Hacienda por los intereses de AFGIM”.
“En definitiva, existirían una serie de indicios que apuntan a una posible operativa irregular por parte de EE, en cuanto que sitúan al despacho en una situación con capacidad de influencia en el Ministerio de Hacienda para conseguir reformas legislativas con resultados económicamente beneficiosos para los clientes del despacho. Todo ello, considerando la posibilidad de que la supuesta intermediación del despacho con el Ministerio, habría sido posible gracias al contacto directo que los miembros de EE tenían con uno de los socios fundadores del mismo, Cristóbal MONTORO, quien durante gran parte del periodo investigado ostentaba el cargo de Ministro de Hacienda”, resume la Guardia Civil.