Conflictos sociales se transforman: el auge de la minería informal y los desafíos de la Ley Mape
Las recientes movilizaciones de los mineros artesanales en varias partes del país han puesto en el centro de la agenda nacional el desfase de las políticas públicas frente al crecimiento exponencial de este sector. Ya no solo se trata del fracaso del Reinfo que sirvió como un escudo de impunidad para las actividades ilícitas, sino de la reconfiguración de la matriz de conflictividad social vinculada a la minería.
Según el 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), se ha modificado el foco de las disputas tradicionales que hoy tienen como protagonistas a nuevos actores y territorios. Si hasta hace algunos años predominaban los conflictos entre las grandes compañías y las poblaciones que defendían sus territorios y sus fuentes de agua, actualmente, se observa a los titulares de concesiones mineras enfrentados con los operadores de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE).
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“Desde hace unos años empieza a ser cada vez más claro que en el centro del conflicto se encuentran los actores de la MAPE y la minería ilegal con los titulares de concesiones mineras, que tienen una disputa por el control territorial. Por otro lado, tenemos algunos casos en la Amazonía, donde las comunidades indígenas rechazan esta actividad y se enfrentan a ellas. Esto no quiere decir que el conflicto socioambiental entre comunidades y empresas haya desaparecido”, explicó a La República, Paul Maquet, vocero de CooperAcción.
Pese a que existe una narrativa compartida por el propio Ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien reconoció el antagonismo entre las empresas formales y los actores informales de la MAPE, dichos sectores comparten una agenda común, según Maquet. Ambos tratan de ampliar lo más posible la extracción de minerales y al mismo tiempo, reducir las responsabilidades referidas a los aspectos sociales y ambientales.
En su análisis, esto se expresa en que los gremios de la minería artesanal reproducen comportamientos de la gran minería como pedir regulaciones más flexibles, hacer lobby con actores políticos e incluso las famosas puertas giratorias. Precisamente, ambos sectores vienen compartiendo espacio en la mesa técnica instalada el último lunes 14 de julio, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
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Conflictos Sociales en Perú
Para tener una mirada más integral de los conflictos en el país, revisemos las cifras. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, el promedio mensual de acciones de protesta colectiva se mantiene por encima de los 200 en el último año, alcanzando los 256 en abril. Además, en este primer registro del año se recogieron 197 conflictos, de los cuales, el 50,3% son socioambientales y dos tercios corresponden a la actividad minera (61,6%).
Loreto es la región que encabeza esta lista con el 14,7% del total. Le siguen Puno con 9,1%, Cusco con 8,6%, Apurímac con 7,1% y Áncash con igual porcentaje, entre otros. Sin lugar a dudas, los departamentos del sur siguen concentrando la mayoría de los conflictos sociales: el 23,3%, para ser más exactos. En Espinar, por ejemplo, las comunidades del entorno minero vienen denunciando el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y la empresa Antapaccay respecto a la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la implementación de un plan de reparaciones ambientales, así como la realización de una consulta previa vinculante.
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No se puede dejar de mencionar dos emblemáticas regiones que arrastran acciones permanentes de protesta en rechazo a proyectos extractivos: Apurímac y Arequipa. Los procesos de expansión de las operaciones de Las Bambas siguen provocando tensiones en las comunidades de Huancuire, Fuerabamba y Ccapacmarca. Además, el propio Ministerio de Energía y Minas ha reconocido la existencia de minería informal de cobre a gran escala en Pamputa.
El caso de la población del Valle de Tambo (Arequipa) que protesta frente a la imposición de Tía María es de los más conocidos. Desde el 17 de febrero hasta el 26 de abril realizaron una huelga indefinida e interpusieron una demanda de amparo para cancelar definitivamente este proyecto a cargo de la empresa de capitales mexicanos Southern. No obstante, dicha compañía con el aval del gobierno, insisten en que la construcción iniciará este año, pese a la oposición mayoritaria de la ciudadanía.
Cambiar régimen de concesiones
De acuerdo con la última actualización del Geoportal de CooperAcción, las concesiones mineras ocupan casi 20 millones de hectáreas, lo que representa el 15,51% del territorio nacional. Apurímac y La Libertad aparecen como las regiones con mayor superficie ocupada por derechos mineros, alcanzando un 55,9% y 54%, respectivamente.
En el caso de Pataz, provincia de La Libertad que fue testigo de un capítulo de violencia en abril de este año, se puede apreciar que casi el 80% del territorio está concesionado. La Minera Poderosa es de lejos el actor más determinante, ya que posee el 29,9%, seguido por el Consorcio Minero Horizonte (9,6%) y la Minera Aurífera Retamas (3,9%).
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En opinión de Mirtha Vásquez, abogada de Grufides, el Perú tiene un régimen de concesiones que fomenta el desorden y que no contempla ninguna causal de nulidad ni de renovación. Para ella, se debe modificar toda la Ley General de Minería, tal cual viene ocurriendo en México y Colombia. Precisamente, en este país acaba de finalizar el proceso de consulta previa del proyecto de Ley Minera, que plantea primero delimitar las zonas a proteger, a diferencia de lo que ocurre aquí.
“Tenemos una ley que viene del año 1991 y que no ha sido reformada. Esta norma está pensada para promover la gran minería y ha quedado desfasada frente a la expansión de la minería informal o ilegal. La situación actual nos dice que debemos abordar esta problemática y sentarnos a pensar si vamos a seguir promoviendo solamente esta actividad extractiva. Recuerden que la minería informal e ilegal ha crecido gracias a que hemos asumido el dogma de ser un “país minero”, anotó.
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Ley Mape sin ruta
En más de una oportunidad, este medio ha evidenciado la falta de consenso que existe en la formulación de la Ley Mape. Si bien se ha conformado una mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo y los gremios de la minería informal para encaminar una nueva propuesta normativa que supere sus cuellos de botella, no se puede descartar que, antes de finalizar el año, no se logre su aprobación. Y es que existen una serie de intereses políticos en el Congreso que buscan mantener este escenario de polarización y negociación para utilizarlo como una acumulación electoral.
“Es posible que termine el año y que no se apruebe una nueva Ley Mape, y que, llegado diciembre, nuevamente se esté discutiendo una ampliación más del Reinfo. Si se presenta esta situación, habrá que ver qué fuerza política se va a animar a cerrar definitivamente el Reinfo en pleno proceso electoral”, se lee en el reporte del Observatorio.
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A juicio de Mirtha Vásquez, estamos frente a un gobierno débil que cede a las presiones de la minería informal e ilegal, cuyos operadores políticos se preparan para enfrentar los próximos comicios generales. En esa línea, los resultados sobre el devenir de la Ley Mape no avizoran un panorama auspicioso. Sin embargo, uno de los acuerdos mínimos debe ser el plazo del cierre del Reinfo, así como priorizar controles ambientales.
Además de ello, Paul Maquet anota que se debe incorporar a los pueblos indígenas, gobiernos territoriales y asociaciones de personas afectadas por contaminación de metales tóxicos en la discusión de esta propuesta legislativa. En su opinión no debe concentrarse su contenido en la extracción desenfrenada con menos regulaciones, sino introducir propuestas sobre ordenamiento territorial.