Xavier Espot, jefe del Gobierno de Andorra, reconoce que el proceso de acuerdo de asociación del vecino país pirenaico con la Unión Europea «se está alargando y avanza lentamente», pero confía en que el próximo otoño el Consejo Europeo lo apruebe por unanimidad y seguidamente lo ratifique el Parlamento Europeo. Con la luz verde de ambas instituciones europeas, el gobierno de Espot podría convocar un referéndum para que los andorranos se pronunciaran antes de las próximas elecciones de 2027 «sobre el acuerdo más amplio que la Unión Europea (UE) ha negociado con un tercer país». En el caso de que el Consejo Europeo decidiera que sean los parlamentos de los países miembros de la UE los que ratifiquen el acuerdo de asociación que Andorra lleva diez años negociando «supondría una frustración porque volveríamos a un punto muerto y el proceso se alargaría más allá de la presente legislatura», según ha declarado este sábado el jefe del Gobierno andorrano al programa «Ara Andorra» de COPE Cataluña y Andorra con la participación de ABC. El jefe del Gobierno de Andorra ha mostrado su voluntad de mantener una relación «fluida y constructiva» con el Ayuntamiento de La Seu d'Urgell, de manera que se minimice la controversia surgida en las últimas semanas sobre los temporeros que finalizan su contrato de trabajo. «No sé qué porcentaje de temporeros se quedan en La Seu, pero queremos poner el acento en la cooperación y los intereses compartidos y seguir trabajando desde el entendimiento y la corresponsabilidad», ha señalado Espot. En las comarcas del Alt Urgell y Cerdanya critican que los trabajadores que viven en sus municipios y trabajan en Andorra elevan la presión sobre sus servicios sociales, educativos y sanitarios. Espot recuerda la larga tradición de relaciones transfronterizas e insiste en que su ejecutivo mantiene la puerta abierta al diálogo con las diferentes administraciones vecinas. Espot recuerda que «La Seu d'Urgell, el Alt Urgell, la Cerdanya y tantos otros lugares se han beneficiado históricamente, y lo siguen haciendo, del hecho de que Andorra sea un polo económico». En cuanto a la gestión de los trabajadores temporales, Espot aclara que no se trata de expulsiones ni de situaciones anómalas, sino de permisos que simplemente llegan a su fin . «Se van porque se les ha acabado la vigencia de su permiso», explica, y añade que «suelen ir a zonas de playa a trabajar durante el verano». Para mejorar la gestión de estos flujos y evitar situaciones irregulares, el jefe del ejecutivo andorrano asegura que ya trabaja en un sistema de contratación en origen con países como Perú y Ecuador «para evitar que, cuando se le acaba el permiso a una persona, vague sin rumbo y no sepamos dónde está», agrega. En este contexto, Espot reconoce una «mejor sintonía» con Salvador Illa que con los otros presidentes de la Generalitat , y confía en que ayude a Andorra en la mejora las infraestructuras como la N 145 para hacer un nuevo carril, así como potenciar la promoción del aeropuerto de La Seu d'Urgell, de titularidad catalana para , por ejemplo, lograr una conexión aérea dos veces a la semana con París, como ya existe con Madrid y Palma de Mallorca. Sobre la política de vivienda, Espot ha defendido las medidas excepcionales que ha impulsado su Gobierno para frenar una emergencia habitacional que amenaza con desbordar el acceso a pisos para residentes y trabajadores temporales. «Con la problemática que tenemos hoy en día, es inconcebible que tengamos pisos vacíos en nuestro país» , afirma. Subraya que aproximadamente un 30% de los pisos turísticos deberán pasar al mercado de alquiler residencial, y justifica esa decisión en términos de equidad social y necesidad pública. «Nuestra obligación es encontrar un punto de equilibrio». Espot reconoce que se trata de medidas «intervencionistas que quizás contradicen nuestra ideología, pero son absolutamente necesarias» , declara. También ha explicado que su gobierno ha activado mecanismos para movilizar los inmuebles vacíos, cuyos propietarios «deberán justificar y si no lo ponen en el mercado de alquiler residencial, el Gobierno temporalmente podrá ponerlo de alquiler y entregar la renta al propietario». El jefe del gobierno andorrano también ha recordado que antes de finalizar la legislatura, en 2027, habrá 500 pisos públicos de alquiler tras invertir 70 millones de euros , cuando el presupuesto del país asciende a 500 millones. Estas viviendas serán entregadas de forma prioritaria a los andorranos y las familias enraizadas en el país tras un mínimo de cinco años de residencia.
