España no es lo suficientemente buena para el rey Felipe

La Casa Real ha informado de que la infanta Sofía, una vez terminado el bachillerato, estudiará ciencias políticas y relaciones internacionales. Lo hará en una universidad privada con sedes en Lisboa, París y Berlín. La número dos en la línea de sucesión al trono español estudiará, pues, dos carreras. Pero no lo hará en una universidad pública, ni en una universidad española. Esta decisión, meditada durante meses y en la que han participado numerosos asesores, es un desprecio a la ciencia y la educación españolas por parte de nuestro monarca. Con ella, el jefe del Estado traslada pública e internacionalmente el mensaje de que las universidades de nuestro país no proporcionan una formación de suficiente calidad.

Con un desparpajo insultante, las fuentes oficiales del palacio de la Zarzuela justifican la decisión diciendo que al fin y al cabo la infanta Sofía no es la heredera, que sí está más constreñida a formarse en España. De tan desafortunado argumento se puede colegir que, si la propia princesa Leonor opta por una educación española, es solo porque está obligada.

De poco sirve que en los actos oficiales la reina vista ropa de marcas españolas o que en los banquetes reales se sirvan vinos españoles. Cuando se trata de decisiones relativas a su propia vida, todos dejan claro que reniegan de España. Apoyar la universidad española sería un acto de patriotismo, pero también algo más. La universidad cumple dos funciones esenciales en el desarrollo de una sociedad. De una parte, es la institución de enseñanza superior que asegura un nivel cultural y profesional de la población que decida acceder a ella. De otra, es el núcleo de la ciencia y el pensamiento que impulsan y permiten crecer al país. Todo eso es lo que desprecia nuestra familia real.

Aunque los rankings internacionales de universidades son todos muy discutibles, lo cierto es que –a pesar de los recortes y la deficiente financiación– en todos ellos las universidades públicas españolas ocupan lugares destacados. Aun así, el margen para mejorar es grande y solo puede conseguirse con el apoyo de todos los poderes públicos, desde los propios profesores –que a veces anteponen su carrera profesional a la calidad docente– hasta la monarquía, pasando por los gobiernos estatal y autonómicos. Las universidades son el futuro de la nación y debe ser un objetivo común mejorar su excelencia como servicio público. Si el propio rey de España envía a su hija a estudiar en una universidad privada extranjera, difícilmente podremos esperar de algunos gobiernos autonómicos ultraliberales un compromiso con la educación pública de calidad que se plasme en inversiones y fomento.

El rey lo es a tiempo completo. Las disposiciones constitucionales que regulan su inviolabilidad hablan de ‘la persona’ del rey porque no ocupa su cargo unas horas al día. El rey personifica en sí mismo el Estado y el país, y debe actuar en todos los aspectos de su vida con la responsabilidad que ello implica. Si el rey y sus hijas no están dispuestos a apoyar a nuestras universidades y centros de investigación, faltan a su juramento de lealtad con España. Si con sus actos deciden conscientemente fomentar las universidades extranjeras y lanzar el mensaje de que el ideal al que el resto de la ciudadanía debe aspirar es a poder pagar un centro universitario extranjero, están incumpliendo sus obligaciones constitucionales. Del desprestigio internacional que causa la falta de confianza de nuestro propio monarca en nuestro sistema educativo, mejor no hablar.

Si a la infanta Sofía España se le queda chica y quiere ver mundo, como otros jóvenes de su edad, hay maneras de hacerlo más respetuosas con lo que conlleva su posición institucional. Podría estudiar sus grados en nuestro país y, eventualmente, realizar después alguna especialización en el exterior. Dejaría así claro su compromiso con la calidad de la base educativa sólida que proporcionan nuestros centros universitarios, antes de lanzarse a conocer otras realidades. Desgraciadamente, parece que tanta responsabilidad sería demasiada para esta familia. En este sentido, Felipe VI, que siempre ha hecho gala de mucha menos neutralidad política que su padre, ha aprendido poco del pasado. Con una inexplicable falta de sintonía con los tiempos que corren, da la impresión de seguir anclado en la peor altivez de esas rancias monarquías del siglo diecinueve. Esas cuyas familias reales se veían a sí mismas como ilustradas cosmopolitas obligadas a vivir en un país subdesarrollado al que despreciaban.

Uno diría que nuestro rey y su reducido círculo familiar, o son ciegos o simple y llanamente no les importa agrandar la profunda grieta que los separa de la población. No parecen conscientes del riesgo de que la ciudadanía los vea como miembros de esa panda de familiares sinvergonzones dedicados a vivir del cuento entre lujos y escándalos. Con decisiones como la que comentamos el rey y sus hijas se presentan como una élite arrogante y despreocupada de todo lo que no sea su propio confort, por encima de las obligaciones que implica su cargo. Quieren reinar sobre nosotros, pero carecen de la menor sensibilidad para identificarse con los problemas y las necesidades del país y no se sienten obligados a apoyar los objetivos colectivos que como sociedad nos hemos marcado.

Ser monarca no es una imposición. Si el rey y su familia desprecian al país y las instituciones que les pagan el sueldo y que son su razón de ser, quizás deberían plantearse la vía de la abdicación. Pero si se quedan, alguien debería recordarle a su majestad que ocupa un cargo constitucional, al servicio de los españoles y que conlleva determinadas obligaciones.

Hoy por hoy, Felipe VI, escorado a la derecha y tomando decisiones que desprecian a lo mejor de España, parece ser el mejor abogado de la causa republicana. Gracias a él, si no enmienda su desastrosa política de toma decisiones, quizás toda la familia acabe pronto viviendo para siempre en algunos de esos países a los que mandan a Sofía a estudiar.