¿Se pueden mediar y conciliar conflictos por difamación e injuria?
Desde mi experiencia de más de 25 años realizando mediaciones en comunidades, centros educativos y en la mediación judicial, entiendo que el conflicto siempre será una oportunidad para que las personas estrechen lazos familiares, vecinales y profesionales.
Se puede desenredar la madeja, siendo las propias personas quienes protagonicen la escena del cambio.
Esto también puede extenderse a funcionarios públicos que, día a día, están siendo observados, analizados y criticados por periodistas, locutores, productores de televisión y radio, políticos, líderes sociales, empresariales, industriales e influencers.
Desde hace aproximadamente una década, los conflictos “tecnológicos” por llamarlos así han estremecido a la opinión pública.
Años atrás, la injuria y la difamación ocurrían en contactos cara a cara entre personas, pero también en los medios radiales, televisivos e impresos (periódicos).
Asimismo, eran frecuentes en las comunidades, dada la cercanía entre vecinos, tanto en las viviendas como en los juegos tradicionales… Se decían palabras fuera de tono, ocurrían berrinches entre vecinos y vecinas, y entonces era necesario que interviniera una persona facilitadora (una mediadora imparcial) con autoridad reconocida por ambas partes, como alcaldes pedáneos, líderes barriales, dirigentes religiosos o comunitarios.
Decir algo fuera de lugar sobre una persona en aspectos personales dificulta mucho que pueda existir una excusa o perdón, ya que las emociones, los sentimientos y el “qué dirán” son consideradas razones de peso para no llegar a un acuerdo.
Sin embargo, soy de la opinión de que nunca se debe decir que conversar es imposible. Hablar es humano, al igual que razonar: una no sustituye a la otra. Las personas contamos con habilidades que a otros seres vivos les cuesta desarrollar: conversar, sonreír, abrazar, llorar para perdonar.
Lo que sí entiendo es que la difamación y la injuria, como acciones públicas, permiten a las personas conocer hechos o intimidades que deberían ser privadas. Alguien se atreve a divulgar informaciones de esa magnitud (ciertas o no, lo cual no es de mi competencia).
Soy de los que creen en un acuerdo de mediación o conciliación entre las personas el demandante y el demandado, o mejor dicho, entre el convocante y la persona convocada.
El quién será el ente interventor en el proceso de mediación o conciliación es muy importante, porque facilitaría que las partes ofendida y ofensor se sienten en la mesa conciliatoria para aclarar hechos supuestos planteados por uno de los participantes.
Esto es así porque, en el caso de figuras públicas funcionarios, políticos, empresarios, comerciantes, periodistas, religiosos u otros cuya credibilidad está expuesta al juicio social, ya sea por filiación política, religiosa o por relaciones sociales, la reputación es un tema sensible que puede ser profundamente afectado.
Recordemos que, como cultura, tendemos a resolver confrontaciones y controversias en los tribunales. Las emociones, los sentimientos y el temor al juicio social nos inclinan a designar un representante legal para que, conforme a la ley y la Constitución, someta a quien se atreve a calificarnos con “infamia”, aunque esa ofensa se haya difundido solo en una red social o, quizá, en un medio de comunicación tradicional (prensa, televisión o radio), generando un verdadero hormiguero de opiniones en la sociedad.
Quizás parezca que repito algunas ideas, pero vale la pena recalcar que las emociones juegan un rol determinante en la toma de decisiones de las personas.
Somos de la opinión de que, antes de proceder a una conciliación, mediación o incluso asistir a un juicio, las partes deberían darse la oportunidad de reflexionar, pensar y hasta consultar a un profesional de la conducta, antes de llegar a una sesión de diálogo o al tribunal.
Para ventilar la mediación, conciliación y facilitación en casos de difamación e injuria, creo que deberíamos considerar estas propuestas: que, según las partes envueltas en la confrontación, se elija una persona que como tercero imparcial facilite la solución del conflicto.
Por ejemplo, si una de las partes es un funcionario de primer nivel, la negociación y el diálogo podrían ser facilitados por un juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), idealmente un miembro del Consejo del Poder Judicial.
En el caso de ministros, senadores, diputados, directores generales o alcaldes, también podrían actuar como facilitadores personas diplomáticas, religiosas o representantes de organismos internacionales que hayan atravesado situaciones similares.
Entonces se repite la pregunta:
¿Se pueden mediar y conciliar conflictos por difamación e injuria?
Estamos en tiempos de romper viejos paradigmas y adoptar otros más acordes con esta era de avances científicos y tecnológicos.
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