Defensa de Pinochet, corrupción y crimen organizado 

La reciente resolución del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordena a los herederos de Augusto Pinochet restituir más de 16 millones de dólares sustraídos al Estado, pone punto final a una larga etapa judicial -el llamado caso Riggs- y abre otra: la de la verdad oficial, jurídicamente irrefutable. No es opinable que el dictador no solo violó los derechos humanos de manera sistemática y masiva, sino que además saqueó el patrimonio público. Esta sentencia convierte en dato, no en interpretación, que el régimen encabezado por Pinochet fue el más corrupto de la historia de Chile, incluso más allá de lo que alcanzó a establecer la justicia penal. Se trató, al mismo tiempo y como ya se sabe, de una dictadura brutal y de una maquinaria delictiva desde el primer hasta el último día de su existencia.

Y, sin embargo y mientras más evidencia hay, esa maquinaria sigue siendo sostenida por una parte de la élite política chilena. No basta con recordar el triste espectáculo en torno al aniversario 50 del Golpe de Estado, donde algunos optaron por relativizar la dictadura, negando incluso sus crímenes más evidentes. Porque hoy, al mismo tiempo que se hace judicialmente patente el robo al Estado por parte del dictador, continúan los homenajes, las justificaciones y las defensas públicas, incluso en la forma de candidaturas presidenciales. Defender un régimen que usurpó el poder, violó la Constitución, torturó, asesinó y además robó, equivale a una apología directa y sin parangón del crimen organizado y la delincuencia. Y el hecho que el sistema político, los medios de comunicación y la sociedad no lo hayan frenado revela una falla estructural que debemos esmerarnos en revertir, aunque parezca que es demasiado tarde.

Pero, por lo mismo, no hay que mirar esto como un hecho aislado, sino parte de un patrón: hay una íntima relación entre autoritarismo y corrupción. Hay que desconfiar del canto de sirena que nos ofrece autoritarismo y probidad al mismo tiempo, porque no son compatibles. Las dictaduras, al eliminar los contrapesos institucionales, permiten que la delincuencia se institucionalice en las más altas esferas del poder. En democracia, con todos sus defectos, el escrutinio y la separación de poderes hacen más difícil que un gobernante robe a escala descarada. Pinochet robó como robó porque nadie podía fiscalizarlo. Y si robó, sumado a todo lo demás que hizo, fue porque el régimen fue diseñado para beneficiar a unos pocos, con privatizaciones fraudulentas, desmantelamiento de lo público y entrega de derechos sociales al mercado. Defender la democracia, con todos sus límites, es también defender la transparencia y el derecho de los pueblos a no ser saqueados por sus gobernantes.

Por eso es fundamental que los medios de comunicación hagan estas rememoraciones, a pesar de que se les acuse de quedarse pegados en el pasado. Porque estamos hablando directamente del presente y el futuro. Que la historia no se escriba con tergiversaciones, sino con los hechos como base. Cuando algunos pretenden todavía envolver a Pinochet con los símbolos de la patria para sostenerlo en tiempo presente, se debe recordar que no hay nada más antipatriota que torturar y asesinar chilenos, pero además robar a la nación. Por contraste, nada más patriota que defender la memoria, la verdad y las instituciones democráticas. La decisión de la Justicia Civil no es por tanto solo una reparación económica; es también una oportunidad para reafirmar que el país que queremos no puede estar construido sobre el olvido del aquel pasado nefasto.