Las medidas antiinmigrantes de Trump "no son sostenibles" y tendrían un serio costo político en el gobierno de EEUU, advierte internacionalista
Recientemente, un informe ha revelado que los inmigrantes recluidos en centros de detención de Florida, Estados Unidos, son víctimas de violaciones a sus derechos, como falta de acceso a medicamentos, condiciones insalubres y atentados a su dignidad. Esto sucede dentro de un contexto de políticas cada vez más estrictas de parte del presidente Donald Trump para frenar la inmigración en el país.
Según el internacionalista y profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola, Jorge Antonio Chávez Mazuelos, las medidas ''draconianas'' de Trump, podrían resultar en una pérdida de seguidores clave en su base política, así como tener implicancias en su economía. Además, la retórica hacia los extranjeros en EE. UU. un precedente negativo en la región respecto a los derechos de los inmigrantes.
Inmigrantes sufren abusos en centros de detención de ICE
Las duras medidas en EE. UU. serían posibles principalmente por la retórica que Trump ha instalado sobre los extranjeros en el país. ''Enmarcar a los inmigrantes bajo el rótulo de un peligro le permite a la administración de Trump tomar medidas excepcionales, caracterizándolos como una grave amenaza para la seguridad nacional'', opina Gómez.
Este 21 de julio, organizaciones de derechos humanos publicaron un informe de 100 páginas con los testimonios de inmigrantes custodiados en centros de detención en Florida. A pesar del informe y otros pronunciamientos, existe una falta de acción de organismos internacionales. Según el especialista, ''EE. UU. tiene una tendencia a ir en contra de este orden liberal internacional que él mismo creó''.
Entre las historias más destacadas recogidas en el documento, se encuentran la de personas que han denunciado que no se les da acceso a medicamentos o servicios básicos de higiene. Algunos narran el hacinamiento en los espacios o que deben dormir en el piso sin abrigo, mientras que otros son obligados a comer ''como perros'' en posiciones incómodas en el suelo.
Gómez sostiene que la administración Trump no tiene voluntad para colaborar con el derecho internacional, y que, igualmente, no existe un ''mecanismo coercitivo'' que haga cumplir las recomendaciones de entidades como la ONU. ''El llegar a una decisión es complejo porque las grandes potencias tienen derecho de veto. EE. UU. impone sanciones, quita presupuesto. Es consciente de ese poder que tiene'', asevera.
De acuerdo con el internacionalista, estas condiciones serían parte de un ''desincentivo'' para quienes buscan cruzar la frontera para ingresar a Estados Unidos. Chávez recuerda que estar ''ilegalmente'' en el país constituye una infracción civil, más no un delito penal. De hecho, datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirman que la mayoría de arrestos migratorios son a personas sin antecedentes criminales.
A pesar de ello, en la base electoral de Trump aún existe la percepción negativa de que ''los inmigrantes irregulares les quitan el trabajo o están detrás de actos delictivos'', como afirma el experto. No obstante, para Chávez esta retórica está en tela de juicio, ya que la mayoría de estadounidenses no tienen en cuenta que deportar a tantos inmigrantes es ''inviable'' por el aspecto económico.
Chávez indica que Trump tiene votantes en zonas agrícolas, que son dueños de cultivos y han expresado su preocupación. ''Ellos le dicen ‘Tengo acá trabajadores mexicanos o de otros países que tienen 20 años trabajando, es gente decente. Gente en situación irregular, pero es gente honrada, ¿cómo la vas a votar? ¿Quién va a trabajar el campo?’ Eso plantea también algunos retos'', explica el especialista.
¿Medidas migratorias en EE. UU. afectarían a Trump?
Chávez indica que, a pesar de que todos los estados tienen la potestad de poder decidir quién ingresa y permanece en su territorio, existe cierta ''preocupación en el marco del derecho internacional'' respecto a las deportaciones. Por ejemplo, las expulsiones a terceros países como El Salvador, Sudán del Sur o incluso el reino de Esuatini, han generado controversia.
Algunos de estos lugares están en conflicto armado, o presentan casos de violaciones a los derechos humanos. Además, los expulsados de no tienen ningún tipo de conexión en dichos países. También ha habido faltas ''administrativas'' que resultaron en la deportación errónea de inmigrantes. ''¿Por qué debería alguien estar preso que no está siendo procesado o que no ha sido condenado?'', cuestiona el experto.
En este sentido, ¿podría Trump perder seguidores por su política migratoria? El internacionalista considera que sus medidas ''no son sostenibles'' y tendrían un ''costo político'' relacionado con las próximas elecciones en EE. UU., donde se elegirán los escaños de la Cámara de Representantes y el Senado, además de gobernadores por estado. Actualmente, el Congreso tiene mayoría del partido Republicano.
Según encuestas recientes hechas por CBS News y The Economist, la aprobación del presidente está en tendencia de caída entre varios de sus votantes, como hispanos y estados clave que lo apoyaron en su campaña. Las deportaciones, inicialmente avaladas por quienes lo eligieron como mandatario, ahora son el tema con mayor oposición.
Alrededor de 52% de encuestados consideran que personas que no son criminales están siendo expulsadas. En el caso de los republicanos, aún respaldan a Trump, pero incluso dentro de la facción del partido que le es más fiel, ''MAGA'' (Make America Great Again o Hagamos a Estados Unidos grande otra vez), empiezan a mostrar insatisfacción con las condiciones en los centros de detención.
De acuerdo con Gómez, las políticas de Trump buscan que los inmigrantes salgan por su propia voluntad de EE. UU., sin generarle un costo al gobierno. ''Quieren generar ese impacto para poder demostrar que sus políticas migratorias funcionan'', afirma. Sin embargo, el experto advierte que ello podría ser problemático para las normas internacionales y las propias leyes de Estados Unidos.
Él menciona el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, que Trump quiere erradicar para que los hijos de inmigrantes no pueden ser considerados estadounidenses. ''Eso es inconstitucional, porque la Constitución de EE. UU. recoge que una de las maneras de adquirir la nacionalidad es por el derecho de suelo (...) no importa quién sea mi padre o mi madre'', finaliza Gómez.
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