Empresas opacas y creadas para desviar el dinero: este es el entramado societario del "caso Montoro"
La trama que salpica a Cristóbal Montoro se valió de una maraña de sociedades con la que presuntamente habrían desviado fondos de Equipo Económico. Se trata de mercantiles vinculadas a los principales socios de este despacho que, según detectó la Agencia Tributaria, carecían de medios materiales y personales para ejecutar los contratos firmado con el despacho que fundó el exministro de Hacienda. La documental que obra en el sumario detectan que las tres primeras empresas se crearon el 12 de diciembre de 2008, año en el que Montoro fue nombrado diputado por Madrid.
La Agencia Tributaria identifica en sus pesquisas cuatro mercantiles (la última de ellas se creó en octubre de 2012) que recibieron pagos de Equipo Económico entre 2008 y 2015 "de manera ininterrumpida". No obstante, ponen el foco en los que se giraron entre 2013 y 2014 porque en esos años el lobby investigado estuvo trabajando para las empresas del sector gasístico que se beneficiaron de las reformas legislativas a cambio de importantes pagos al despacho.
En concreto, destacan Econodos S.L, Tutman Fiscalía y Consultoría y Diagnóstico, las cuáles se crearon ante el mismo notario y en protocolos "inmediatamente sucesivos" lo que, en palabras de la Guardia Civil "pudiera entenderse como un indicio de una estrategia concertada por los socios de Equipo Económico, presuntamente para la utilización de esas mercantiles como sociedades instrumentales, en las cuales además, compartían titularidad con sus respectivas parejas".
Testaferros para ocultar el dinero
En lo que respecta a Econodos, fundada por el que fuera secretario de Estado de Presupuestos Ricardo Martínez, Hacienda detectó ingresos de 3,6 millones de euros. El fisco advierte que no se comprende que "sin activos afectos a la actividad y sin medios personales" pudiera "por sí sola" prestar los servicios por los que percibió abonos de Equipo Económico. Por todo ello, concluyó que la actividad de Rico era la misma "antes y después" de su constitución y que Econodos facturaba exclusivamente al despacho investigado.
En similares términos se pronuncia de Tutman Fiscalía, sociedad constituida por Enrique de Vicente Tutor y Paula Vázquez Vicente y que recibió un total de 3 millones de euros del despacho investigado y sobre Consultoría y Diagnóstico. De esta última, asociada al investigado Francisco de Asís Piedras, se identificó unos ingresos de 2,5 millones de euros.
Ante ello, Hacienda advirtió que el entramado societario creado "patentiza" que los verdaderos propietarios del despacho investigado "han podido recurrir al uso de testaferros y empresas pantalla para alejar la ganancia de su origen ilícito y ocultar su inversión". Al hilo, y tras detectar "elevadas salidas de dinero", el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que investiga estos hechos, Rubén Rus, ordenó rastrear el destino final de los fondos de este entramado al que se le investiga por delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.
Presunto alzamiento de bienes
Además, consiguieron que los márgenes de explotación del despacho bajo sospecha no fueran excesivamente altos gracias al desvío del patrimonio de las empresas pantalla. De hecho, con motivo de las primeras informaciones publicadas sobre las presuntas actividades irregulares del equipo, procedieron primero a disminuir de manera significativa el importe neto de la cifra de negocios del despacho y, tras ello, desmantelaron la estructura. De esta forma pasaron la actividad profesional a Global Afteli, considerada por la UCO como la sucesora societaria del ente constituido por Montoro.
Para el magistrado estos hechos constituyen el epicentro de la causa, en el marco de la cual no tendrían cabida los perjudicados por las actuaciones de Cristóbal Montoro. Tanto es así, que el juez acaba de desestimar la personación del periodista de investigación de ABC Javier Chicote, del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, del presidente de La Liga, Javier Tebas y del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, quienes solicitaron que se les tuviera como perjudicados en las diligencias a tenor de las inspecciones fiscales a las que fueron sometidos y de las que estuvo puntualmente informado el entonces ministro del ramo.
Chicote, Rato, Tebas y Monedero, no perjudicados
El juez desestima la petición de todos ellos al considerar que Montoro, en su condición de máximo responsable de Hacienda, le corresponde la "superior dirección de la Agencia Tributaria" y, por lo tanto, puede conocer los datos de los denunciantes. "Vemos que nos encontramos ante una mera transmisión de información, sin que se incluye orden o mandato alguno de actividad frente al Sr. M., más allá de una petición de traslado a Inspección de Trabajo", indica el juez en su auto.
En lo que respecta a Chicote, que destapó las presuntas irregularidades que investiga este juzgado, explica que no se puede deducir que la investigación fiscal que ordenó Montoro contar él fueran consecuencia directa de sus informaciones sobre el ministro y ello pese a que reconoce que existe una "coincidencia temporal". En relación con Monedero, a quien se le fue informando por correo electrónico de sus cuentas pendientes con Hacienda, o con Rato -quien le atribuye la causa penal por su fortuna familiar, el juez concluye que el ministro tenía potestad para acceder a los datos que le remitió su mano derecha en el Ministerio.
Así pues, el juez -que sí admite la personación del PSOE como acusación popular- evita que este procedimiento se convierta en una macrocausa y la centra a los pagos de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). En concreto, pone el foco en las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil acerca de que abonaron grandes cuantías al lobby a cambio de modificaciones legales que les beneficiaron.
En concreto, sostiene que la investigación revela dos momentos en las que estas empresas gasistas contrataron a Equipo Económico, a fin de que hiciese uso de su red de influencias para que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones. El primero de los momentos se produjo cuando Afgim consiguió una modificación legal para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y, el segundo, cuando en 2018 consiguieron una rebaja fiscal de las gasísticas.