Cuando los alcaldes deciden que deben proteger al ciudadano de los funestos efectos de la cultura

Llega el verano, la playa, el gazpacho, el calor insoportable, las borracheras por una buena causa y el intento de unos cuantos ayuntamientos de hacer el ridículo. Ha cogido ventaja en el ranking el de Vilagarcía de Arousa, 37.000 habitantes en Pontevedra. Ha suspendido la presencia de la banda Mägo de Oz en las fiestas de San Roque en agosto por los comentarios sarcásticos y algún insulto a Pedro Sánchez en una actuación reciente en Asturias. El alcalde es socialista y responde al nombre de Alberto Varela. Sánchez le podría llamar para contarle que no necesita esa clase de ayudas.

Varela ha hecho una incursión en un lugar que suele estar dominado por las corporaciones gobernadas por el PP y Vox. La programación de actos en las fiestas de verano les ha permitido vetar a bandas de música y obras de teatro, en especial cuando la derecha recuperaba el control del Ayuntamiento después de unas elecciones. De inmediato, pensaban en cómo limpiar la agenda cultural de todos esos rojos sedicentes.

En Molina de Segura, Murcia, prohibieron hace un mes la actuación de la banda Shego porque actúan con el vestuario en el que aparecen en la portada de su último disco: hábitos rojos de monja (con el calor que hace en verano). Un Ayuntamiento de PP y Vox en Toledo censuró en 2023 una obra de teatro porque los actores iban en ropa interior y podían “escandalizar” al público. Cuando Almeida llegó a la alcaldía de Madrid, canceló una actuación de Def con Dos por haber sido “condenado por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo” (luego fue exonerado por el Tribunal Constitucional). Le cogió el gusto a la censura e hizo lo mismo con otra del cantautor Luis Pastor y de su hijo, Pedro Pastor.

En el caso de la actuación anterior de Mägo de Oz, el guitarrista de la banda tiró de creatividad, no exactamente musical, para lanzar mensajes entre canción y canción. Nada por lo que se le pueda definir como un intelectual de la escuela de Frankfurt. “Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia y me da igual que gobierne quien gobierne. Dejad de robarnos la cocaína y las putas”, clamó desde el escenario. No era un mensaje de servicio público, pero se entendía la intención.

El ambiente, la euforia y las sustancias mayormente legales consumidas para coger energía antes del concierto le llevaron a pasar al nivel de tertulia de Telemadrid: “Sánchez, retuitéame esta mierda que quiero volver a ser famoso, me cago en tus muertos, gilipollas”.

A veces, lo peor no es la censura, sino hacer el ridículo. El alcalde de Vilagarcía sostiene que la cancelación del concierto no es por el insulto a Sánchez, sino por lo otro. “Por mucho que se disfrace de pretendido humor, no se pueden admitir frivolizaciones sobre las prostituciones o el consumo de drogas”. Perdóneme usted, excelentísimo señor alcalde, nunca habíamos visto que una banda de música frivolizara o hiciera comentarios gamberros y no apropiados para los niños sobre las drogas. Sobre el “pretendido humor” mencionado, nadie como los alcaldes para evaluar lo que es gracioso y lo que no.

La llegada de Vox al poder en los ayuntamientos originó una oleada de cancelaciones, lo que sorprendió a pocos e indignó a muchos. “Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales porque sin cultura no hay democracia”, decía un manifiesto firmado por numerosos artistas.

Todo el mundo entiende que cualquier tipo de representación artística exige un considerable uso de la libertad personal, reconocida en la Constitución. Si el criterio es no ofender a nadie, incluidos los partidos políticos, sólo se estará fomentando la mediocridad y el conformismo. En ese caso, habría que vaciar la mitad de los museos.

Al programar una actuación, un Ayuntamiento se hace responsable de su contenido, con lo que es lógico que se lo piense antes de anunciarla o firmar el contrato. Por ejemplo, si el repertorio del contratado cuenta con canciones de corte machista, habrá corporaciones que prefieran contratar a otro. O por cualquier otra razón. Al final, es el grupo que gobierna el Ayuntamiento quien tiene la responsabilidad de gastar fondos públicos en estos meneresteres.

Una vez que da el paso definitivo, debería atenerse a las consecuencias. Si se trata de una compañía teatral que representa una obra muy conocida, como ocurrió con la basada en 'Orlando' de Virginia Wolf, el alcalde y el concejal de Cultura implicados sólo conseguirán quedar como unos paletos sin cultura en caso de suspender el acto.

Como dijo José María Lassalle, que fue secretario de Estado de Cultura en el Gobierno de Rajoy, “no es inquisición, es imbecilidad”. No hay que descartar que sea un poco las dos cosas.