Cruzada contra la inmigración en EE UU: con la Justicia hemos topado

El 9º Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha fallado en contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía a niños nacidos en el país cuyos padres no tienen estatus legal permanente. La decisión, con una votación dividida de 2 a 1, reafirma la suspensión nacional de la medida, pese a una reciente decisión de la Corte Suprema que limitó el uso de amparos judiciales de alcance nacional.

El fallo responde a una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, gobernados por demócratas, que argumentaron que una prohibición parcial generaría una serie de complicaciones legales y administrativas, afectando programas como Medicaid, CHIP y el Título IV-E, diseñados para atender a niños y familias vulnerables.

“Los residentes de los Estados podrían dar a luz en un estado no demandante, y las personas sujetas a la orden ejecutiva provenientes de otros estados inevitablemente se trasladarán a estos Estados”, escribió el juez Ronald Gould en la decisión mayoritaria.

Gould, junto al juez Michael Hawkins, ambos nombrados por el expresidente Bill Clinton, consideraron que el amparo nacional era indispensable para brindar un alivio completo a los estados demandantes. La opinión del tribunal sostuvo que limitar la medida a nivel geográfico no evitaría los daños irreparables que los estados enfrentarían al tener que rediseñar sus sistemas de verificación de elegibilidad para distintos programas sociales.

La orden ejecutiva de Trump establece que los hijos nacidos en Estados Unidos no serían ciudadanos automáticamente si ninguno de sus padres tiene estatus legal permanente. Esta medida contraviene el texto de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y "sujetas a su jurisdicción" son ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, el Departamento de Justicia ha defendido la orden argumentando que esta cláusula no garantiza automáticamente la ciudadanía por el simple hecho de haber nacido en territorio estadounidense, especialmente si los padres no tienen una relación legal con el país.

En su voto disidente, el juez Patrick Bumatay, nombrado por Trump, sostuvo que los estados no tienen la legitimidad legal necesaria para demandar al gobierno federal en este caso. “Los tribunales deben ser vigilantes en hacer valer los límites de nuestra jurisdicción”, escribió. “De lo contrario, corremos el riesgo de inmiscuirnos en asuntos polémicos que no nos competen y sobrepasar nuestras atribuciones”.

La controversia judicial se desarrolla en el contexto de una reciente decisión de la Corte Suprema, que en una votación de 6-3 restringió la capacidad de los tribunales federales para emitir amparos nacionales. No obstante, el fallo del máximo tribunal dejó abierta la posibilidad de que se emitan medidas de este tipo en circunstancias específicas, como cuando un grupo de demandantes presenta una acción colectiva o cuando un estado demuestra que necesita un amparo total para evitar perjuicios irreparables.

La decisión del 9º Circuito representa la segunda ocasión en que se bloquea la orden de Trump a nivel nacional desde el fallo de la Corte Suprema. Anteriormente, un juez federal en New Hampshire aceptó la solicitud de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para certificar una demanda colectiva en nombre de los niños por nacer, y suspendió indefinidamente la aplicación de la orden ejecutiva en todo el país.

Actualmente, al menos nueve demandas han sido interpuestas contra esta orden en distintos tribunales del país. Hasta la fecha, ningún juez que haya evaluado el fondo legal de la medida la ha considerado constitucional.

Este fallo se suma a un creciente cuerpo de decisiones judiciales que limitan los intentos del presidente Trump por modificar unilateralmente políticas fundamentales de ciudadanía. Aunque la Corte Suprema ha limitado el uso de medidas judiciales de alcance nacional, este caso demuestra que aún existen caminos legales viables para frenar políticas que, en opinión de varios tribunales, podrían violar derechos constitucionales fundamentales.

Por lo pronto, el fallo a favor de los defensores de la ciudadanía por nacimiento es una victoria para quienes creen que Trump se ha excedido en su autoridad presidencial, generando una suerte de caos en la interpretación sobre los límites judiciales y los alcances constitucionales.