CORES de Republicanos y la UDI solicitan formalmente la destitución del gobernador Orrego

Hace pocos instantes, un grupo de consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI llegaron a las oficinas del Tribunal Calificador de Elecciones para ingresar un requerimiento donde solicitaron formalmente la destitución del gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Lo anterior, acusando un “notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa” por parte del exmilitante de la Democracia Cristiana, tras darse a conocer un reciente informe de la Contraloría que cuestionaba los recursos utilizados por Orrego en su campaña para la reelección.

Según comentó el consejero regional republicano, Ignacio Dürgen, el documento recién presentado fue respaldado por 16 consejeros y desglosa 17 cargos en un total de 180 páginas. “La presentación la hacemos, precisamente, porque tenemos un mandato no solamente con nuestros partidos, sino uno ciudadano con fiscalizar los recursos de todas las instituciones públicas”, expresó Dürgen.

“No estamos hablando de situaciones completamente únicas, sino de una sistematización que hemos visto en el Gobierno Regional de Santiago para el uso de recursos públicos para fines privados y, en particular, fines incluso electorales”, sumó el CORE.

En concreto, la acusación más grave contra Orrego tiene que ver con la auditoría de Contraloría a los gastos y transferencias otorgadas por los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos, Magallanes y Metropolitano, entre enero y septiembre de 2024.

En el caso de Santiago, el ente detectó que se pagó un total de $31 millones 366 mil 179 para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”, en sesiones que no se relacionarían solo con contenido asociado al coaching (como establecía el contrato), sino que también se aludía a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política, además de la campaña de Orrego.

Y aunque en un momento se habló de dos requerimientos separados, lo cierto es que, finalmente, ambas bancadas opositoras se unieron en la presentación del documento. Una acción que igualmente generó roces dentro de Chile Vamos, luego de que los consejeros regionales de Renovación Nacional acusaran que no hubo comunicación ni coordinación por parte de sus pares de la UDI.

Diferencia a la que se refirió el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien defendió la decisión de su partido de restarse de esta iniciativa: “Las instituciones tienen que funcionar. Es legítimo que lo pidan los consejeros regionales, que son las autoridades que corresponden en este caso. Los CORE de mi partido acordaron esperar un informe de una comisión investigadora antes de tomar una decisión. Y me parece que es lógico, que es correcto. Para qué hacemos una Comisión Investigadora si no esperamos su resultado”.

Igualmente, Desbordes señaló que “sea quien sea la autoridad que esté siendo cuestionada, siempre mantengo un criterio, que es la presunción de inocencia. Hay que tener mucho cuidado con eso”.

Todo esto, en un escenario que complica al actual gobernador de Santiago, y al cual se sumó la revelación de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó un fraude de más de $4.100 millones con facturas falsas, las que fueron aprobadas por el Gobierno Regional Metropolitano.

La respuesta de Orrego

En tanto, el gobernador de Santiago reaccionó a la solicitud realizada por CORES de la oposición definiéndola como un acto de “aprovechamiento político electoral”. “Es la misma lógica que ocuparon con las acusaciones (constitucionales) fracasadas contra el ministro (de Vivienda) Carlos Montes, la ministra (del Interior) Carolina Tohá y el delegado (presidencial de la Región Metropolitana) Gonzalo Durán”, afirmó Orrego. “Siempre sin fundamentos de hecho y de derecho”.

“Yo no voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron por secretaría. Si quieren el cargo de gobernador, que lo ganen en las urnas”, añadió la autoridad, quien igualmente enfatizó en que hará valer su derecho a la defensa como cualquier chileno.

“Luego de 35 años de trayectoria de servicio público, no voy a aceptar que se siga manoseando mi nombre y mucho menos desvirtuar una historia de servicio marcada por la honestidad, por el trabajo duro y por el trabajo siempre con todos los sectores. Yo les digo a quienes me acusan: no me van a amedrentar ni tampoco me van a paralizar. Voy a seguir haciendo aquello para lo cual me eligieron, recuperar la ciudad para las personas y también servir a los más humildes”, concluyó.

Cabe destacar que la máxima instancia electoral que definirá el destino del gobernador está compuesta por cuatro ministros de la Corte Suprema y un expresidente de alguna de las dos cámaras del Congreso. 

Entidad que, actualmente, la forman los magistrados Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales y Cristina Gajardo; a quienes se suma el expresidente de la Cámara de Diputados, Gabriel Ascencio.