Más allá de la agricultura: el rol de INDAP ante los desastres socionaturales
En las zonas rurales más extremas y aisladas de Chile, cuando ocurre una emergencia, el primer rostro del Estado que aparece muchas veces no es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), los equipos de salud ni los servicios especializados. Son los equipos de extensión de programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), como el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de INDAP‑CONADI.
El PDTI –con más de 15 años de funcionamiento– se enfoca en promover e impulsar las estrategias productivas de los pueblos indígenas de Chile, a través de actividades silvoagropecuarias y conexas alineadas con su propia cosmovisión y visión de desarrollo. Aunque su función principal es el acompañamiento técnico y productivo de la agricultura familiar campesina e indígena, en la práctica han asumido un rol mucho más amplio: sostener territorios olvidados.
Esto ha sido especialmente evidente ante situaciones que comúnmente se conocen como “desastres naturales”: incendios, sequías, aluviones, inundaciones, erupciones de volcanes o heladas. Pero llamarlos “naturales” es engañoso. En realidad, se trata de desastres socionaturales, es decir, fenómenos cuyo impacto depende en gran medida de decisiones humanas; cómo usamos el suelo, dónde permitimos que se construya, qué infraestructura protegemos o qué comunidades tienen acceso a servicios básicos. Al calificarlos como “naturales”, se diluye la responsabilidad institucional y política, y se invisibiliza que, una y otra vez, los más afectados son los sectores más vulnerables.
Desde Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, levantamos información en terreno en 59 comunas rurales en ocho regiones de Chile, incluyendo territorios extremos y aislados como Colchane y General Lagos, en el extremo norte del país. En todos estos territorios, los testimonios coinciden en que, frente a desastres socionaturales y emergencias, la reacción estatal a menudo es fragmentada, lenta o insuficiente. Quienes sostienen la respuesta inicial son actores con arraigo local, como equipos del PDTI y de programas de extensión de INDAP, personal municipal, postas rurales, carabineros e incluso ONGs. El Estado, como todas las instituciones, tiene limitaciones estructurales. Lo relevante es reconocerlas y preguntarse cómo fortalecer lo que ya existe.
El PDTI, por su despliegue territorial, pertinencia cultural, presencia permanente y el vínculo de confianza que construyen sus equipos de extensión con las comunidades, tiene ventajas importantes que lo convierten en un actor clave en la reacción ante emergencias. Lo vimos en terreno: extensionistas que, además de enfrentar desastres socionaturales, acompañan a mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores en abandono, personas enfermas sin redes y muchas otras personas con múltiples factores de desigualdad estructural.
En General Lagos, por ejemplo, una comuna altiplánica, fronteriza con Perú y Bolivia, de gran extensión y clima extremo, los usuarios del PDTI enfrentan emergencias constantes debido a las granizadas, las heladas y el aislamiento geográfico. Allí, el Fondo Único de Financiamiento (FUF) del PDTI, entregado por usuario, apenas alcanza para cubrir insumos básicos de la ganadería camélida, su principal actividad. Los equipos técnicos, sin apoyo logístico, son quienes organizan reuniones, articulan apoyos y acompañan a los usuarios, muchas veces adultos mayores o en situación de abandono, mientras otras instituciones aún no han llegado.
Esto no significa idealizar su labor, ni desconocer a otros actores que también aportan. Pero sí implica reconocer que INDAP, a través de programas como el PDTI, puede ser parte de una respuesta institucional y territorial más robusta. Se pueden aprovechar las fortalezas institucionales existentes para mejorar las capacidades de respuesta del Estado: una red instalada en zonas de difícil acceso, conocimiento profundo del territorio y relaciones construidas con actores locales. En ese contexto, en lugar de diseñar soluciones desde cero, se puede construir sobre esta experiencia acumulada, integrándose con mayor coordinación y respaldo interinstitucional.
El desafío no es sólo operativo, sino político. Estas comunas rurales de baja densidad y alta dispersión geográfica —que muchas veces quedan fuera del radar político centralizado por tener “poca gente”— cumplen roles clave para el país: cuidan ecosistemas, producen alimentos, sostienen culturas ancestrales y habitan zonas con importancia geopolítica para el país porque en muchas ocasiones son frontera. En ese marco, apostar por ellas no es solo un acto de justicia territorial, sino una decisión estratégica en el contexto de políticas públicas más justas para personas con múltiples factores de desigualdad estructural. Y en ese sentido, programas como el PDTI pueden aportar mucho más que simplemente al apoyo al fomento productivo; pueden ser la base para una respuesta preventiva, articulada e intercultural ante desastres socionaturales y condiciones sociales adversas.
Mientras no cambiemos la lógica actual, seguiremos dependiendo del esfuerzo extraordinario de equipos que hacen mucho con muy poco. Reconocer su labor es un primer paso, pero lo urgente es fortalecerla con presupuesto, formación, coordinación y respaldo político. Porque cuando las consecuencias de los desastres socionaturales, el cambio climático y la exclusión social afectan de forma más dura a quienes habitan la ruralidad extrema de Chile, los equipos del PDTI y de los programas de extensión de INDAP están ahí. El llamado no es a que asuman más funciones, sino que se respalde el rol que ya cumplen, y que podría aportar mucho más en una política pública territorial que no parta desde cero, sino que construya sobre lo que ya funciona.