Nuevo golpe a la Agricultura
Los eurócratas la han tomado con la agricultura y no cejan en medidas para empobrecer a un sector castigado por las políticas de extremismo ecológico que salen de los despachos de los comisarios de Bruselas y los ministros de Madrid. Lo último, el decreto del Gobierno de Sánchez que, en consonancia con las directrices de la Comisión, permite la expropiación forzosa de fincas rústicas para entregarlas a las multinacionales del sector renovable. Algo que ya se venía haciendo de facto, particularmente en Andalucía con el olivar, como ha puesto de manifiesto la plataforma ciudadana «Salvemos los Olivos». SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad acaban de anunciar una macro causa en toda España contra la generalización de instalaciones fotovoltaicas en zonas cultivables, por considerar que se está favoreciendo un despliegue desordenado y especulativo de las nuevas energías.
La expropiación de fincas para renovables supone una vuelta de tuerca más al «ecocidio» rural, iniciado con políticas de apoyo gubernamental a grandes fondos de inversión que se están haciendo con el control del campo. El resultado es la devaluación de las fincas, vendidas a precios irrisorios para instalar grandes parques solares. En el sector primario ha calado la expresión «soga verde europea» para referirse a la Agenda Verde 2030. Entienden que Bruselas y España legislan de espaldas a la agricultura, marginada dentro de la «European Green Deal» y castigada con cierres forzosos de granjas, prohibición de cultivos y fertilizantes, incremento del precio del diésel y de la maquinaria agrícola.
Planteamientos eco-extremistas que condenan a miles de agricultores a la inactividad, a malvender tierras y depender de subsidios para subsistir