La inmigración ha irrumpido de lleno en el tablero político español , convirtiéndose en un eje central de confrontación ideológica y, sobre todo, electoral. El fenómeno, que desde hace tiempo condiciona la agenda de varios países europeos, ha dejado de ser un tema marginal en España para ocupar un lugar prioritario en el discurso de los principales partidos. Así lo ha confirmado el último barómetro de GAD3 para ABC: el 50 por ciento de los votantes de Vox y el 20 por ciento de los del PP consideran la inmigración un problema prioritario, porcentaje que también alcanza al 10 por ciento del electorado socialista. Se trata de un fenómeno hasta cierto punto normal en un país donde los extranjeros en 1990 eran el 2 por ciento de la población y ahora son más del 18 por ciento. En la derecha, la competencia entre PP y Vox ha acelerado la radicalización del discurso. Vox, pionero en estas tesis, ha dado un paso más al plantear deportaciones masivas que podrían afectar incluso a los nacidos en España. El PP, por su parte, ha endurecido su posición en las últimas semanas con propuestas como la expulsión de inmigrantes legales si cometen delitos graves. Aunque esta medida ya está contemplada por la ley, su elevación a prioridad política es un giro que entronca con la estrategia de partidos como la CDU alemana o el portugués Chega. El Gobierno, en cambio, se ha parapetado en la acusación fácil de 'racismo' hacia la oposición, eludiendo una política migratoria integral. La inmigración se usa como cortina de humo ante escándalos de corrupción. Así, el reciente incidente en Torre Pacheco fue utilizado para agitar el espantajo del fascismo, sin ofrecer soluciones estructurales ni una visión de Estado. El contexto europeo también condiciona este viraje. Alemania ha comenzado deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales, y Dinamarca, con un Gobierno socialdemócrata, promueve 'centros de retorno' en terceros países, con el apoyo de Italia y Polonia. España, sin embargo, ha liderado la oposición a estas iniciativas, pero sin ofrecer alternativas. En términos económicos, el impacto de la inmigración es ambivalente. Por un lado, los inmigrantes sostienen sectores clave como el servicio doméstico o la hostelería; por otro, hay voces que alertan sobre la insostenibilidad del sistema de bienestar si el ritmo migratorio se mantiene sin control legal. España necesita una inmigración ordenada y segura, y debemos favorecerla eligiendo los perfiles humanos y profesionales más idóneos para el interés general y la convivencia. Los inmigrantes son mayoritariamente pacíficos y laboriosos, pero se debe actuar con todo el rigor de la ley contra aquellos que cometen delitos o violenten la convivencia. La inmigración ilegal es una lacra a erradicar, incluyendo un férreo control de nuestras fronteras y que los estatutos de residencia y de nacionalidad estén sometidos a condicionalidad y al compromiso de los aspirantes. El debate no es exclusivo de la derecha. En autonomías como Cataluña y País Vasco, la izquierda también empieza a abordar el fenómeno desde una óptica pragmática. El PNV defiende una inmigración «para trabajar» y ERC se ve forzada a reaccionar ante el avance de Aliança Catalana , formación xenófoba que ya ha roto el tabú migratorio en el espacio independentista. Desgraciadamente, la ambigüedad de nuestra clase política, especialmente de izquierda, ante la inmigración ilegal ha hecho que España carezca de una estrategia de Estado que combine control fronterizo, integración real, cumplimiento de la ley y colaboración internacional. La demografía, la economía y la cohesión social están en juego. La respuesta ya no puede esperar.
