La fase final del cogobierno
La elección del parlamentario de Somos Perú, José Jerí, como presidente del Congreso no inaugura un nuevo escenario; ratifica la lógica que se impuso cuando el Parlamento decidió pactar para sostener a Dina Boluarte , en vez de propiciar un gobierno transitorio.
Desde entonces, la coalición autoritaria y conservadora entre ambas orillas del poder ha tenido un único propósito: blindar a sus actores y mantener bajo control las instituciones que aún limitan su margen de maniobra.
En ese contexto, Jerí no es una figura casual. Fue el congresista que elaboró el informe que archivó la denuncia constitucional contra Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas en las movilizaciones de 2022 y 2023.
A su lado estará el fujimorista Fernando Rospigliosi, expresidente de la Comisión de Constitución, bajo cuya conducción se aprobó un conjunto de reformas orientadas a reducir los controles democráticos y ampliar los espacios de poder parlamentario sobre el resto del Estado. Además del perúlibrista Waldemar Cerrón, quien tiene un hermano prófugo de la justicia. Un hermano que, además, es líder del partido por el que entró la presidenta al Gobierno.
Esta elección, por ende, es la consecuencia directa de un sistema prebendario basado en la lógica de que quien garantizó impunidad recibe ahora la presidencia de un poder del Estado.
A los peruanos debe quedarles claro que esta nueva mesa directiva no responde a un proyecto político ni mucho menos a un horizonte compartido. Responde, principalmente, a la necesidad de preservar posiciones y protegerse frente a eventuales responsabilidades penales y políticas.
En este marco, la presidenta Boluarte es funcional en la medida en que su permanencia asegura la continuidad del Congreso hasta el 2026. Pero dicha funcionalidad tiene límites.
Cuando sostener a la presidenta implique más riesgos que beneficios, el incentivo en desarrollo será desprenderse de ella y reorganizar el equilibrio interno antes del próximo proceso electoral.
La elección de esta Mesa Directiva sella la continuidad de un acuerdo que ahora ingresa en su fase decisiva: la captura del aparato público, el control de órganos clave y la exclusión de cualquier actor que amenace la arquitectura actual de impunidad supina.
En este cálculo, lo que la mandataria debe temer es que una jefa de Estado delibilitada por donde se mire no es una socia que tenga asegurada su permanencia. Al contrario, es una ficha descartable. En ese sentido, su eventual caída no se explicará por un cambio ético en el Congreso, sino por la conveniencia de quienes administran hoy el poder desde la lógica del reparto y la supervivencia.