Ecuador veta por 40 años a presos colombianos deportados para descongestionar cárceles
Quito, Ecuador. Ecuador vetó por 40 años el ingreso a su territorio a unos 1.000 presos colombianos que han sido o están en proceso de ser deportados, informó el domingo el ministro de Interior, John Reimberg.
A través del puente fronterizo de Rumichaca, principal conexión entre Colombia y Ecuador, las autoridades colombianas recibieron entre el viernes y sábado a 603 connacionales, de acuerdo con la canciller encargada, Rosa Villavicencio.
La medida, que desató una protesta diplomática de Bogotá por considerar que las deportaciones se realizan de forma “unilateral” y sin previo aviso, fue tomada por Quito para descongestionar las hacinadas cárceles.
“Estos delincuentes tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años. No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles”, dijo Reimberg en la red social X.
Señaló que “iniciamos el proceso de deportación individual de 1.000 ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas que estaban finalizando su pena privativa de libertad en el país” por delitos como robo, tráfico de drogas, entre otros.
Otros 500 deportados llegarán entre el miércoles y jueves, señaló la cancillería de Colombia el sábado, y agregó que insistirá ante Quito para acordar un calendario de entregas y un proceso ordenado.
El ministro ecuatoriano indicó que “esta acción forma parte de nuestra política de tolerancia cero con el crimen organizado. Quienes atenten contra la seguridad del país, no tienen cabida aquí”.
Las prisiones de Ecuador tienen capacidad para 30.000 reos y antes de la llegada del presidente Daniel Noboa, en noviembre de 2023, concentraban a 39.000. En enero pasado, la población bajó a 31.300, incluidos unos 1.500 colombianos.
Las penitenciarías están bajo control de militares para evitar enfrentamientos entre bandas narco rivales que se disputan el poder. Desde 2021, cerca de 500 reclusos murieron en cruentas masacres entre sí.
Amilcar Pantoja, al alcalde de la limítrofe localidad colombiana de Ipiales, adonde cruzaron los deportados, anunció el viernes que los presos quedarán libres si no tienen procesos judiciales pendientes.
Quito sostiene que desde el 8 de julio informó sobre las deportaciones a Bogotá y que se realizan con “respeto a los derechos humanos” y tras la revisión individual del caso de cada preso.
Noboa declaró en enero de 2024 una guerra contra el crimen organizado y a su país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco, que convirtió a Ecuador en uno de los más violentos de la región, con una tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 personas ese año.