Justicia peruana le da la espalda a comunidades nativas: revocan sentencia que reconoce sus territorios
Una nueva polémica de la justicia del Perú. La Sala Civil de la ciudad de Tarapoto ha declarado improcedente la demanda presentada por organizaciones indígenas kichwas —CEPKA, FEPIKECHA y FEPIKBHSAM— que exigían la demarcación de sus territorios ancestrales superpuestos con Áreas Naturales Protegidas (ANP), específicamente el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE).
Desde el Poder Judicial, el principal argumento para revocar el fallo histórico antes celebrado se basa en el supuesto incumplimiento de plazos establecidos dentro del proceso constitucional de la Resolución Ministerial N° 136-2022-MIDAGRI, iniciado por los pueblos kichwas de San Martín.
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Sin embargo, en un pronunciamiento institucional publicado por las organizaciones, la decisión ha sido tomada como arbitraria e irregular. "Sí cumplimos rigurosamente con los plazos legales establecidos, habiendo presentado el requerimiento dentro de los sesenta días hábiles contados, desde el cumplimiento del plazo de diez días hábiles que tenía para respuesta las instituciones demandadas", aclararon.
Organizaciones indígenas llevarán el caso a instancias internacionales
En un primer momento, la sentencia fue reconocida por la jueza Mónica Eleana Pomajambo Zambrano. La demanda fue dirigida contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM) y su Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural (DTRTCR), así como al Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y la Jefatura del ACR (J.ACR-CE), ante la negativa de dichas entidades de cumplir con la delimitación de los territorios indígenas asentados en áreas protegidas.
No obstante, las organizaciones estatales apelaron la decisión y, en segunda instancia, dicha sentencia ha sido revocada. "Ellos han emitido un fallo señalando que los pueblos indígenas no habrían presentado su demanda dentro del plazo del artículo 69 del Código Procesal Constitucional. Eso es falso. De acuerdo a lo prescrito en el inciso 8 del artículo 70 del mismo código, las comunidades tienen un total 60 días hábiles después de los 10 días de requerimiento. Lo que sí se hizo. Entonces, preocupa que su único argumento es ese. Totalmente cuestionable que no sepan", sentenció Cristina Gavancho León, abogada de CODEPISAM y asesora legal de FEPIKECHA.
"Continuaremos agotando todas las vías legales y constitucionales para hacer respetar nuestros derechos colectivos, en este caso el equipo legal ya viene trabajando el Recurso de Agravio Constitucional para ser presentado ante el Tribunal Constitucional en los próximos días, y de ser necesario, llevar el caso a instancias internacionales", declaró para La República el apu Marco Sangama, líder indígena de CEPKA.
Futuras movilizaciones por decisión polémica del PJ
En tanto, el CEPKA también ha declarado que el caso sería trasladado a la Junta Nacional de Justicia y a la autoridad de Control del Poder Judicial, con el fin de exponer "a lo que a nuestro juicio constituye una falta grave de los jueces que integran dicha sala (...) Emitida con base en la incorrecta aplicación de las normas que regulan los procesos constitucionales".
En conversaciones previas con este diario, cuando la sentencia habría fallado a favor de los pueblos indígenas, Sangama manifestó su alegría por la decisión, ya que, en sus palabras, significa muchos años de lucha. "Representa un hito histórico y significativo para los pueblos kichwas asentados en esta parte. Esta sentencia reconoce nuestra identidad cultural, nuestro territorio y su protección; y por ende nuestra continuidad como pueblos", aclaró.
Con la actual decisión, la lucha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas retrocede. Se ha anunciado una posible movilización con el fin de visibilizar la problemática que aqueja a dichos pueblos. "Para los kichwas el territorio es todo, sin ella no somos nadie. Allí está nuestro mercado, nuestra ferretería. Muchas de nuestras prácticas tradicionales son criminalizadas, y eso afecta grandemente a nuestras formas de vida y autonomía, a nuestro propio modelo de vida y tranquilidad", afirmó el apu.
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