El concejal no adscrito de Touro (La Coruña), Darío Rey, entregará la Alcaldía al portavoz municipal del PP, Jesús Reboredo, tras alcanzar un acuerdo para presentar una moción de censura contra el actual regidor, Roberto Castro, de Movemento Veciñal. El grueso del acuerdo que han alcanzado tanto el edil como el Grupo Municipal Popular pasa por que el Ayuntamiento se persone en los procesos judiciales que incumban la mina de Touro-O Pino. Además, el propio Rey presidirá una comisión de medio ambiente cuyo criterio el nuevo gobierno local deberá respetar. El concejal no adscrito fue el 'número dos' de la lista de Movemento Veciñal y formó parte del gobierno local, en el que también está el Partido Galego, hasta su salida por discrepancias con el regidor. El éxito de la moción de censura será posible gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de mediados de junio que elimina un párrafo de la ley electoral que recogía que, si la propuesta se presentaba con un tránsfuga, la mayoría absoluta requerida se ampliaba. El comunicado que firma Darío Rey critica que los anteriores gobiernos -incluidos los del PP, que hasta 2023 contaba con mayoría absoluta- no se personaron contra la mina, algo «de especial gravedad dada la relevancia del tema para el futuro del territorio y de su población». De hecho, este edil critica que el actual alcalde «tampoco recurrió» la declaración de este proyecto como «estratégico» por parte de la Xunta, sino que mantuvo una «posición ambigua, jugando a dos bandos entre los intereses de los vecinos y de la promotora». «El nuevo enfoque», añade el texto con las exigencias de Rey, «pretende superar esa etapa» y priorizar «exclusivamente el interés general del Ayuntamiento, que no es otro que el que le atribuye la legislación vigente: la defensa del medio ambiente, de la salud pública y de la protección de sus vecinos ante situaciones de vulnerabilidad o desigualdad frente a grandes operadores económicos». De este modo, el Ayuntamiento de Touro, que pasará a manos del PP, se comprometerá «a personarse en todas las causas judiciales, en curso o futuras», sobre la nueva mina y la situación de los terrenos y las actividades de las empresas que operan en ellos. Esta personación deberá hacerse en el plazo de dos meses. «El Ayuntamiento no manifestará apoyo institucional al proyecto minero ni a ninguna de sus fases mientras no exista un mandato claro de la mayoría social y política del municipio, y en ningún caso durante los dos años que restan de la legislatura», continúa. Más en detalle, el nuevo gobierno local se compromete a elaborar un pliego de contratación pública consensuado con el concejal no adscrito «y abierto a las aportaciones del resto de grupos formuladas en una comisión informativa, que permita seleccionar a una consultora o equipo técnico-jurídico de acreditada experiencia, solvencia e independencia». Todo ello en un plazo de 45 días. Este equipo, que estará integrado por especialistas en derecho ambiental y administrativo y en ingeniería y ciencias medioambientales con experiencia previa en conflictos de este tipo, elaborará informes técnicos que puedan ser aportados a las causas judiciales y asesorará tanto al Ayuntamiento como a los colectivos vecinales «en la defensa de sus derechos frente a cualquier impacto derivado de la actividad extractiva». Para hacer seguimiento a todas estas actuaciones, se convocará una comisión informativa cuando lo solicite el concejal no adscrito. Además, él mismo presidirá una nueva comisión específica permanente de medio ambiente y el PP debe comprometerse, desde el gobierno local, a respetar su criterio y a «no obstaculizar» sus iniciativas «siempre que estas cuenten con el respaldo jurídico correspondiente». Asimismo, el pacto señala que «no se firmarán convenios, acuerdos de colaboración ni compromisos económicos o institucionales con las empresas promotoras» de la mina de Touro mientras este acuerdo esté en vigor. Por parte del PP, fuentes de la dirección provincial ratifican a Europa Press la firma de un acuerdo porque supone «actuar con responsabilidad» para garantizar «la gobernabilidad y el futuro del municipio». Aunque sin mencionar la cuestión de la mina, los populares señalan que el gobierno de Roberto Castro «no es capaz de sacar adelante ni los presupuestos, ni el POS (Plan de Obras y Servicios) de la Diputación», a lo que suma que el Ayuntamiento perdió «más de un millón de euros en ayudas». También «hace tiempo» que el gobierno «incumple los acuerdos plenarios aprobados por la mayoría de la corporación», por lo que se encuentra en una «situación insostenible en el tiempo». Además, el PP defiende que se quedó «a muy pocos votos de alcanzar la mayoría absoluta» en las últimas elecciones municipales, con cinco concejales. Hasta 2023, los populares tenían mayoría absoluta.
