Denuncian el multimillonario negocio de los ayuntamientos con las multas en la Zonas de Bajas Emisiones

La controversia en torno a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España alcanza un nuevo nivel. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación formulado por el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona), lo que ratifica la nulidad de sus ordenanzas reguladoras de las ZBE. Esta decisión sigue la estela de sentencias similares del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya anuló las ZBE de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Cornellá, y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se pronunció en el mismo sentido sobre la Ordenanza de Movilidad de la capital. A pesar de estas resoluciones judiciales, la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denuncia que muchos ayuntamientos españoles están llevando a cabo un «negocio multimillonario» al negarse a devolver las multas impuestas en estas zonas, e incluso continúan cobrándolas de forma ejecutiva mediante embargos de cuentas bancarias. Mario Arnaldo, presidente de AEA, advierte que «el problema que está surgiendo es que ahora muchos ayuntamientos españoles, bajo la bandera de la protección del medioambiente y de la seguridad vial han generado un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad, que no quieren devolver». Arnaldo califica a estos consistorios como «ayuntamientos morosos» que incluso han llegado a duplicar la recaudación por multas de circulación por encima de lo presupuestado, como es el caso de L'Hospitalet de Llobregat. AEA alerta sobre las «estrategias dilatorias» empleadas por ayuntamientos como el de Esplugues y Madrid, que han presentado recursos ante el Tribunal Supremo con el objetivo de retrasar la firmeza de las sentencias y, con ello, poder seguir recaudando estas multas de dudosa legalidad. Aunque el recurso de Madrid está pendiente de resolución, AEA estima que correrá la misma suerte que el de Esplugues y el de Barcelona, cuyas ZBE también fueron declaradas nulas por el Alto Tribunal. Para ilustrar la magnitud económica de este problema, AEA pone el foco en el Ayuntamiento de Madrid. Desde septiembre de 2021 hasta julio de 2024, los servicios municipales de la capital han formulado 2.506.611 denuncias por un valor económico de 479.658.910 euros. Estas denuncias, según AEA, deberían haber sido anuladas inmediatamente si el consistorio madrileño hubiese acatado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. «El consistorio madrileño ha seguido una injustificada estrategia dilatoria para seguir cobrando unas multas de dudosa legalidad, a la espera de un más que probable resultado negativo del Tribunal Supremo, como ya ha ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Barcelona o en el de Esplugues de Llobregat», concluye Arnaldo. Ante esta situación, AEA recomienda a todos los automovilistas afectados que recurran las sanciones por acceder a las ZBE y agoten todas las vías de defensa. El objetivo es evitar que estas multas adquieran firmeza, lo que facilitaría la devolución del dinero ya cobrado si finalmente se confirma su ilegalidad. La organización se mantiene vigilante ante lo que considera un abuso por parte de las administraciones locales.