La UCO no encuentra anomalías en el destino que el despacho de Montoro dio a los pagos de las gasísticas
El juez mantiene imputado al ex ministro y sus colaboradores después de que la UCO concluya que la mayor parte de los pagos de las gasísticas y otros sectores iban en "transferencias directas" a los socios del despacho y que luego estos lo emplearan en gastos "habituales"
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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregó al juez de Tarragona que investiga el caso Montoro un informe el pasado mes de febrero en el que concluye que no ha encontrado anomalías en el destino de los 673.500 euros que la consultora Equipo Económico, fundada por el ex ministro de Hacienda, cobró de las empresas gasísticas para que presuntamente influyeran en la aprobación de leyes que beneficiaran al sector.
La Guardia Civil ha analizado cerca de 400 productos financieros vinculados a los investigados y otros socios del despacho y ha indagado en 29 operativas de distribución de los fondos procedentes de la asociación gasística. “La trazabilidad realizada no muestra una operativa diferenciada o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas. Gran parte de estas entradas tienen como destinos los socios de EE/GA [Equipo Económico] a través de transferencias directas”, recoge el informe, al que ha tenido acceso elDiarios.es.
Los investigadores de la UCO rastrearon después las cantidades ingresadas por Equipo Económico procedentes del lobby del gas y asegura que “fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos, gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de estos fondos, todo ello con los datos analizados y expresados en el presente informe”.
El informe parte de la sospecha de los investigadores de la Agencia Tributaria de que los fondos procedentes de las gasísticas acabaran en entramados societarios opacos, lo que descarta el informe de la UCO.
El juez dictó el pasado junio, tres meses después del atestado de la UCO, un auto de levantamiento del secreto en el que revelaba que Cristóbal Montoro y nueve de los altos cargos de su Ministerio, relacionados en algún momento con Equipo Económico, son investigados por siete delitos relacionados con modificar dos leyes para beneficiar a las empresas gasísticas a cambio de que éstas contrataran a la consultora fundada por Montoro.
La UCO solo ha participado con dos informes en la causa, uno de ellos este último de febrero, que fue encargo por el en octubre de 2023. El peso de la investigación ha recaído en los Mossos d'Esquadra, que encontraron los primeros indicios de corrupción en la cúpula del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Rajoy hace ocho años, a finales de 2017.