El BOE publica las nuevas zonas tensionadas: 8,3 millones de personas viven en municipios con control de precios de alquiler

Donostia, A Coruña y más de una veintena de municipios de Navarra. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes las nuevas declaraciones de zonas tensionadas, solicitadas por las respectivas entidades locales y las comunidades autónomas y avaladas por el Ministerio de Vivienda. En total, en todo el Estado hay ya 8,28 millones de personas que viven en alguna de estas áreas, que permiten ofrecer bonificaciones fiscales a los propietarios que bajen los precios y limitar las subidas cuando terminan los contratos en vigor.

Con las 23 nuevas incorporaciones, son ya 301 los municipios acogidos al mecanismo que habilita la Ley Estatal de Vivienda, 271 de ellos en Catalunya, pionera en la aplicación de la medida, además de Irun, Barakaldo, Zumaia y Lasarte-Oria, en Euskadi, que incorpora ahora a Donosti, su primera capital de provincia. Navarra, por su parte, había solicitado la declaración, a mediados de mayo, para 21 municipios, con Pamplona a la cabeza.

El portavoz de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, preguntaba a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez cuándo estarían disponibles para su aplicación los índices de precios de referencia en las zonas tensionadas vascas, que siguen un trámite diferente a las de régimen común. “Falta por culminar una parte importante de ese trabajo administrativo, que tiene que ver con las haciendas forales”, concedía la ministra, que ponía a disposición de estas a su departamento para “los trabajos técnicos”. Unos trabajos que ya han concluido en el caso de Navarra.

Una de las principales novedades de este BOE es que recoge también la primera zona tensionada en una comunidad gobernada por el Partido Popular. Después de haber recurrido la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional y tras un periplo de 20 meses, la Xunta aceptó las peticiones de Coruña para imponer el control de precios, pese a considerar que “los datos demuestran que el intervencionismo en el mercado no funciona” y contra el criterio del partido. “En Aragón, Cantabria, Madrid, Valencia y Extremadura ha habido municipios que lo han pedido. Se ha rechazado y se seguirá rechazando, porque ese es el criterio. Galicia es la excepción”, señalaban entonces fuentes de la formación conservadora.

Desde el Ministerio de Vivienda indican que “Santiago de Compostela se sumará pronto a esa declaración y también lo harán Asturias y más municipios de Euskadi”. Pero, por el momento, ni rastro de otras comunidades. Ello, pese a la campaña iniciada en Madrid por varios ayuntamientos gobernados por el PSOE, que reclaman a Isabel Díaz Ayuso que les habilite a implantar esta medida en sus territorios. “Muchos, desgraciadamente, continúan boicoteando [la Ley de Vivienda] por motivos absolutamente ideológicos, a pesar de que allí donde está en vigor ya se está logrando reducir el precio de los alquileres hasta un 9%, sin reducir la oferta ni dañar a los propietarios”, aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes durante su balance del curso político, que coincide en esta ocasión con el ecuador de la legislatura.

Precisamente, el Gobierno hace bandera de los datos de Catalunya, que declaró sus primeras zonas tensionadas en marzo de 2024, entre ellas Barcelona, lo que permite analizar la evolución de los precios con cierta perspectiva. “Los datos no admiten dudas un año después”, afirman desde el Ministerio de Vivienda, que citan una reducción del 8.9% en la ciudad de Barcelona, del 4,9% en las zonas tensionadas y de un 4,7% en toda la comunidad, en un periodo en el que se han firmado 11.807 nuevos contratos.

La explicación del departamento que dirige Isabel Rodríguez es que, al limitar las subidas de precio cuando termina un arrendamiento, “los incentivos perversos para finalizar contratos de alquilar y firmar otros nuevos han desaparecido”, por lo que se pone “fin a las subidas de precio sin límite”. Además, “hay menos rotación y se ofertan menos pisos en portales web, pero esto no ha disminuido la cantidad de contratos en vigor”, indican.

La declaración de zona tensionada abarca un periodo de tres años. Así, en los primeros municipios catalanes decaerán en 2027, mientras en los publicados en el BOE este martes se alargará hasta el verano de 2028. En este tiempo, la normativa “establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler, para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida”, recuerda Vivienda, que ha puesto el foco en el nuevo Plan Estatal de Vivienda como palanca de financiación para las comunidades que se avengan a aplicar esta medida, entre otras, como la dotación extraordinaria de 35 millones de euros que Rodríguez anunció en mayo.