El juicio por YPF mete ruido en las privatizaciones: qué pasará con las empresas públicas

Este martes, las partes involucradas en el juicio por la expropiación de YPF se reunirán con la jueza del segundo distrito Loretta Preska, para definir, entre otras cosas, cómo se avanzará en el proceso de discovery. El proceso avanza en medio de los pasos iniciales en las privatizaciones que impulsa el Gobierno.

El discovery es un procedimiento legal mediante el que cada una de las partes puede pedir información de la otra. En el caso del juicio de YPF, los beneficiarios del juicio buscan pruebas de que el Estado argentino ofició de alter ego en distintas empresas con participación pública.

El procedimiento tiene como objetivo final detectar los activos que pueden ser embargados para cubrir parte de la sentencia favorable a los fondos Burford Capital y Eton Park por u$s 16.000 millones. Cabe aclarar que la sentencia fue apelada por Argentina.

"La República Argentina se ha comprometido a entregar información a los beneficiarios del fallo YPF relacionada con toda privatización de empresas estatales. Este acuerdo y otros, forman parte del proceso de discovery de activos del Estado que puedan ser embargados como forma de pago de la sentencia", explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el juicio por la expropiación de la petrolera.

En la audiencia con Preska se deberá definir un factor en disputa, que surge de la tensión entre la información que piden los demandantes sobre los planes de privatización y los que puede ofrecer Argentina, que son aquellos que son de carácter públicos.

El país se comprometió a ofrecer información sobre los procesos de privatización efectivamente anunciados, y no sobre rumores de posibles privatizaciones. Esto busca despejar las discusiones informales que hubo sobre posibles privatizaciones, y correr el foco de la solicitud que habían hecho los beneficiarios sobre diálogos privados de miembros del Gobierno en los que se pudiera discutir el cambio de estatus de distintas compañías.

Según explicó Maril, si hay interesados en las empresas sobre las cuales el Gobierno entregue información en el marco del discovery, "van a tener que responder pregunta incómodas", porque el activo puede ser embargado, aún si cambió de manos.

La explicación del especialista es que el período marcado por el proceso judicial de discovery corresponde a cuando el Gobierno era propietario de las empresas en cuestión, por lo que podrían ser sujetas de embargo.

Esto puede sumar ruido en un proceso que avanza, aunque lento, sobre las privatizaciones. La más reciente en anunciarse fue la de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), la empresa de agua que opera en un universo de 15 millones de habitantes.

En esta misma lógica están involucradas otras empresas que pueden ser privatizadas o que ya tuvieron avances concretos. La primera de ellas fue IMPSA, una proveedora de insumos del sector energético y de operaciones portuarias. En la lista siguen la operadora de servicios de rampa y transporte aeroportuario, Intercargo, cuyo proceso ya inició, seguida por ENARSA, la empresa pública encargada de las compras de energía pero que también tiene participación en la distribución de energía eléctrica a través de Transener, cuya intención de venta ya fue manifestada.

El listado incluye otras compañías como Nucleoeléctrica Argentina (compañía controladora de las centrales nucleares), Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Belgrano Carga, Corredores Viales, entre otras.

Conocedores de los litigios que tiene Argentina en el exterior explicaron que si bien el proceso de discovery (iniciado a fines de 2023) suma ruido en el proceso de privatización, no implica que se pueda avanzar en un embargo de las compañías. Para poder concretarlo se intermedian muchos procesos, cada uno con sus plazos. Antes de llegar a un embargo debe probarse que la compañía en cuestión fue alter ego del Estado, la justicia deberá avalar que esa situación existió y se deberá encontrar un activo que satisfaga la demanda de los beneficiarios del embargo. Además, la medida puede ser apelada. Es por esto que el embargo suena lejano.

El ruido sobre las privatizaciones llega en un momento inoportuno, ya que el Gobierno las incluyó como una de las alternativas para conseguir dólares y engrosar reservas, sobre todo de cara a un semestre con menor caudal de dólares y con el requerimiento de sumar reservas por parte del FMI.

Qué se viene

El 5 de agosto la Cámara de Apelaciones tratará el planteo de la ONG Acción Republicana por Argentina (RA4ARG) en la que plantea que el proceso de privatización fue objeto de presunta corrupción.

Coincidentemente, el 4 de agosto terminarán las presentaciones de los escritos de las partes por estas acusaciones. Al día siguiente, la Corte deberá decidir si suspende el pedido o si pasa el planteo de la ONG a Preska.

Por otro lado, el 27 de octubre la Cámara de Apelaciones realizará la audiencia para tratar apelaciones contra la sentencia de Preska. Por un lado, se discutirá el fallo contra Argentina para pagar u$s 16.000 millones, y por el otro el reclamo de Burford en contra de la decisión de la jueza de dejar eximir de responsabilidad a YPF.