Gobierno de Donald Trump quemará anticonceptivos comprados en US$ 9,7 millones en lugar de entregarlo a mujeres en el extranjero
El gobierno de Estados Unidos, bajo las directrices del presidente Donald Trump, confirmó que destruirá anticonceptivos valorados en US$ 9,7 millones, adquiridos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los productos estaban destinados a mujeres en países vulnerables, pero serán incinerados en Europa pese a estar en condiciones óptimas de uso.
El vocero del Departamento de Estado detalló que el costo de la quema será de US$ 167.000, y que la eliminación responde a políticas que prohíben financiar organizaciones vinculadas al aborto. La decisión ha generado rechazo de organizaciones internacionales y autoridades belgas, que buscan evitar que los insumos terminen en hornos industriales.
Anticonceptivos con vigencia hasta 2031 serán eliminados
Más de 5 millones de unidades de productos anticonceptivos, entre DIU de cobre, implantes subdérmicos, inyecciones hormonales y tabletas combinadas, permanecen almacenadas en Geel, Bélgica, a la espera de ser incineradas.
Una fuente del Congreso estadounidense reveló a CNN que la mayoría de estos anticonceptivos tiene fechas de vencimiento entre 2027 y 2031, y solo una fracción mínima está marcada con el sello de USAID, lo que facilitaría su redistribución. Pese a ello, la orden del gobierno de Estados Unidos es clara: eliminarlos en su totalidad.
“Tienen que incinerarlos dos veces porque contienen altos niveles de hormonas y no quieren arriesgarse a que los subproductos se filtren al medio ambiente”, explicó un asistente del Congreso. “El Gobierno de Trump está literalmente quemando el dinero de los contribuyentes”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores belga está en diálogo con la embajada de EE.UU. para evitar la destrucción, e incluso ha considerado reubicar temporalmente los lotes, con apoyo diplomático francés.
USAID rechazó oferta para salvar los anticonceptivos
La ONG MSI Reproductive Choices, que opera en 36 países, ofreció pagar el costo de transporte y reempaquetado de los anticonceptivos, pero la propuesta fue rechazada por la administración estadounidense sin explicaciones.
Grace Dunne, portavoz de MSI, señaló:
“No se nos dio una razón clara de por qué esta oferta no fue aceptada. Solo nos indicaron que enfocáramos nuestros esfuerzos en otras soluciones ante la escasez”.
El Departamento de Estado se escudó en la “política de la Ciudad de México”, conocida también como “regla mordaza global”, que impide el financiamiento de ONGs que realicen, promuevan o informen sobre abortos. Esta normativa ha sido aplicada con rigor por administraciones republicanas como la de Trump, incluso a materiales ya comprados como los de USAID.
Al mismo tiempo, el gobierno afirmó haber evitado un gasto adicional de US$ 34,1 millones al cancelar pedidos sin penalización hechos bajo la administración Biden, aunque no justificó por qué no se adoptó la misma estrategia con estos suministros ya almacenados.
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Críticas desde el Congreso y organizaciones humanitarias
La senadora Jeanne Shaheen envió a su personal al almacén en Bélgica y confirmó que los anticonceptivos están en perfectas condiciones y aún útiles durante años. Shaheen impulsa una ley para que no se destruya ningún suministro si antes no se agotan las opciones de venta o donación.
“Es decepcionante que el Departamento de Estado apruebe gastar dinero para destruir productos ya pagados que salvarían vidas”, expresó en un comunicado.
Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que la medida afectará gravemente a comunidades que dependen de donaciones de USAID para acceder a métodos anticonceptivos. En países como Sudán o la República Democrática del Congo, donde la hambruna y la violencia agravan las crisis sanitarias, la disponibilidad de anticonceptivos podría reducirse drásticamente.
La polémica también se trasladó a Francia, donde surgieron versiones de que el cargamento sería destruido en una planta especializada. No obstante, una fuente diplomática francesa aclaró a CNN que “no tienen información sobre ningún traslado”, ya que el manejo sigue en manos de contratistas privados de EE.UU.