Las autonomias del PP exigen a Mónica García financiación para el Estatuto Marco de los sanitarios
Nadie se creé ya las promesas de Mónica García y de su departamento. La ministra de Sanidad ha perdido toda credibilidad por sus continuados anuncios de proyectos que no terminan en nada, muchos de ellos porque no tienen financiación específica o porque la que tienen es exígua e insuficiente para cumplir los objetivos que se persiguen. Con el Estatuto Marco del personal sanitario todo parece indicar que va a pasar lo mismo.
Despues de más de dos años de negociaciones con los sindicatos de la mesa del ámbito, 38 reuniones e incontables versiones del texto, Sanidad pretendía presentarlo mañana a las autonomías en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud como algo bastante definitivo. Sin embargo, todos y cada uno los agentes implicados se le han echado encima porque ninguno considera que puedan darse por finalizadas las negociaciones, y mucho menos están satisfechos con el resultado final.
Los específicos de la profesión médica, escindidos en dos bloques por obra y gracia de la propia García, están mucho más lejos del acuerdo.
Los convocantes de la huelga del pasado 13 de junio, CESM y SMA, exigieron ayer que el Ministerio ponga encima de la mesa el presupuesto con el que cuenta para llevar a cabo las mejoras retributivas a los profesionales que se ha comprometido a implentar. Por su parte, la Agrupación de Profesionales por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que representa a 15 organizaciones médicas y sindicales, ha llamado a concentrarse a las puertas del Ministerio para insistir en su reivindicación de una regulación específica para este colectivo, algo que rechazan de plano los sindicatos de la Mesa del Ámbito de negociación.
A esta oposición se suma la de las 13 autonomías gobernadas por el PP, que hace unas horas declararon de manera conjunta que mañana instarán a Sanidad y al Gobierno "a abordar el debate sobre el borrador del Estatuto Marco con propuestas factibles, económicamente viables y que no generen enfrentamientos entre los profesionales", como señalan ha sucedido hasta ahora.
Aunque los responsables regionales de Sanidad reconocen la necesidad de actualizar un marco normativo que data de 2003, abogan por hacerlo bajo el consenso de todas las comunidades autónomas, así como de las principales asociaciones del sector. En este sentido, el Partido Popular defiende que el debate sobre el Estatuto Marco se aborde "de forma seria, rigurosa y útil, algo incompatible con la forma en la que la ministra García ha convocado esta reunión de mañana, sin que los técnicos autonómicos hayan podido revisar en profundidad la totalidad del texto propuesto y después de que el propio Ministerio haya introducido modificaciones relevantes".
Desde el PP también se alerta sobre la falta de un marco presupuestario estable que posibilite abordar el debate con el rigor financiero necesario, teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez lleva sin presentar presupuestos en el Congreso desde el año 2022. Una situación que solo puede empeorar si fructifica el acuerdo del PSOE con ERC sobre el cupo separatista, que profundizaría en las diferencias de financiación entre autonomías y, por tanto, supondría una merma de los fondos disponibles para la Sanidad pública en el resto de comunidades autónomas y para el propio desarrollo armónico del futuro Estatuto Marco.