Uribe condenado: la caída del expresidente más poderoso de Colombia

Por primera vez en la historia de Colombia un expresidente ha sido declarado culpable de un delito penal. Álvaro Uribe Vélez -quien gobernó el país entre 2002 y 2010 y fue, durante años, una figura central de la política colombiana-, fue hallado responsable este lunes por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

El fallo, dictado por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, pone fin a un proceso judicial que se remonta al 2012, cuando se acusó a Uribe de manipular testigos para desviar una investigación que lo vinculaba con grupos paramilitares, utilizando a su entonces abogado Diego Cadena como emisario ante presos como Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave del caso. “El primer soborno en actuación penal ha quedado acreditado”, afirmó la jueza 44 penal de Bogotá.

Un antes y un después para la política colombiana

Uribe, fundador del partido Centro Democrático y mentor de expresidentes como Iván Duque, siempre negó los cargos, e incluso denunció una persecución política. La jueza, sin embargo, lo consideró “determinador” de una red de sobornos para alterar testimonios judiciales. 

De hecho, la instancia ya ha sido calificada por la prensa colombiana como “el juicio del siglo”. Cabe destacar que la Fiscalía pidió archivar el caso en dos ocasiones, aunque los tribunales lo impidieron. Finalmente, una nueva fiscal retomó la acusación, lo que condujo al inicio del proceso este año.

Pese a que la pena exacta se conocerá el próximo 1 de agosto, se anticipa que Uribe cumplirá prisión domiciliaria debido a su edad. En tanto, la solicitud es de 9 años de presidio y una multa superior a los mil 400 millones de pesos colombianos (equivalentes a unos 349 mil dólares).

¿Quiénes son los actores centrales de esta historia?

• Álvaro Uribe Vélez: Expresidente, exsenador, fundador del partido Centro Democrático y símbolo de la derecha colombiana. Gobernó entre 2002 y 2010 con altísimos niveles de popularidad, e impulsó la política de “seguridad democrática” contra las FARC. Por todo lo anterior es que se alzó como una figura reverenciada por amplios sectores conservadores. Su defensa ha insistido en que el juicio responde a una “persecución política”.
• Iván Cepeda Castro: Senador del Pacto Histórico y férreo opositor a Uribe que ya en 2012 investigaba presuntos vínculos entre el expresidente y grupos paramilitares. Cepeda, quien pasó de acusado a víctima, ha señalado que “la condena representa una victoria de la justicia, no de un sector político”.
• Diego Cadena: Exabogado de Uribe que actualmente enfrenta un juicio paralelo por sobornar testigos en varias cárceles. Según la jueza, fue “instrumento” de un entramado delictivo orquestado por Uribe. Cadena ha admitido transferencias de dinero a testigos, pero asegura que fueron “ayudas humanitarias”.
• Juan Guillermo Monsalve: Exparamilitar del Bloque Metro y principal testigo contra Uribe. Es hijo del administrador de una hacienda de la familia Uribe. Grabó en 2018 una conversación con Cadena usando un reloj espía. Su testimonio ha sido desestimado por la defensa, que lo acusa de mentir para conseguir beneficios judiciales.

La reacción de la política colombiana

El actual presidente colombiano, Gustavo Petro, instó al respeto por la independencia judicial y exigió protección para la jueza. Mientras tanto, figuras del Centro Democrático -partido fundado por Uribe- y otros sectores de la derecha han calificado el fallo como una “venganza” y un “montaje político”, anunciando una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

En tanto, desde el Centro Democrático la reacción fue inmediata: “Recibimos con tristeza y dolor este fallo (…) Estamos convencidos de su inocencia”, se lee en un comunicado. Por otro lado, el senador Carlos Meisel acusó intromisiones del gobierno: “El presidente Petro ha interferido públicamente en este proceso”, afirmó.

Además, el expresidente Iván Duque, señaló que “somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia (…) Esta es una infamia”. Desde el oficialismo, sin embargo, las voces llamaron al respeto institucional. “Los jueces no se presionan, se protegen”, escribió Petro en X, además de ordenar las respectivas medidas para garantizar el bienestar de la jueza Heredia y su familia.

Pruebas polémicas y un futuro judicial incierto

Entre las pruebas más debatidas está una interceptación telefónica de 2018 entre Uribe y Cadena, obtenida “por error” mientras se investigaba a otro congresista. Aunque la defensa exigió excluirla por violar el secreto abogado-cliente, Heredia la consideró válida: “El material es contundente y coherente con otras evidencias”, indicó en su momento.

Otra evidencia clave fue la grabación del reloj espía de Monsalve, que registró una de las charlas en que este buscaba persuadirlo. La defensa alegó que tenía cortes, pero la jueza descartó que eso afectara su validez probatoria: “No hay manipulación dolosa comprobada”.

Pese al fallo, este no es el fin del camino judicial. La defensa de Uribe ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá y que, de ser necesario, acudirá a la Corte Suprema. “Esta no es una decisión definitiva. La presunción de inocencia se mantiene”, indicó su equipo legal.

¿Castigo ejemplar o revancha política?

El caso Uribe divide profundamente a Colombia. Para muchos, representa un acto de justicia histórica y una señal de que nadie está por encima de la ley. Para otros, se trata de un montaje judicial motivado por razones políticas y orquestado desde el gobierno de Petro y sus aliados.

Lo cierto es que la condena contra Uribe no es solo un hecho jurídico. Es un símbolo del colapso de un mito político, el ocaso de una figura que durante dos décadas dominó la agenda colombiana. Lo anterior, al mismo tiempo en que representa una señal de alerta para América Latina, donde la justicia y la política se entrelazan peligrosamente, muchas veces bajo la sombra de intereses externos.

Ecos desde Estados Unidos y una sombra de injerencia

La condena de Uribe igualmente desató reacciones fuera de Colombia. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, calificó el fallo como una “infamia” y acusó a “jueces radicales” de instrumentalizar la justicia. “El único delito de Uribe ha sido defender a su patria”, afirmó. Declaraciones similares a las emitidas por congresistas como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.

Acusaciones que fueron respondidas con dureza por parte del gobierno colombiano. “Rechazamos las declaraciones de Rubio. Vulneran nuestra soberanía”, escribió la canciller interina Yolanda Villavicencio Mapy, mientras que Petro añadió: “El mundo debe respetar a los jueces de Colombia. Muchos han sido asesinados por hacer justicia”.

Reacciones que reavivan el debate sobre la interferencia estadounidense en asuntos judiciales latinoamericanos. Tal como ocurrió recientemente con las declaraciones de Donald Trump sobre el proceso contra Jair Bolsonaro en Brasil, se percibe una tendencia creciente de presión política desde Washington hacia los sistemas judiciales del sur.

La reacción desde el país norteamericano bajo sectores vinculados al trumpismo deja en evidencia un patrón cada vez más preocupante de intervención extranjera en procesos judiciales en América Latina. Lo vimos en Brasil, ahora en Colombia, y vale la pena estar atentos. Porque no se trata solo de justicia, sino de la defensa misma de la soberanía, el debido proceso y la democracia. Un llamado de atención extensivo a Chile y que debemos tomar con cuidado, especialmente en la víspera de una elección histórica en nuestro país.