Vecinos de tres edificios de Madrid denuncian en el Congreso las presiones de una familia de rentistas para echarles

La lucha contra el “acoso inmobiliario” de los vecinos de tres bloques residenciales de Madrid ha llegado al Congreso. Este martes, los inquilinos de General Lacy 22, Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8 han denunciado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 las presiones que llevan sufriendo por parte de la propiedad de sus edificios. La reunión, mantenida con responsables del departamento que encabeza el ministro Pablo Bustinduy, ha servido para trasladar no solo los casos particulares de cada comunidad afectada, sino también el contexto más amplio de lo que califican como “una ofensiva especulativa” que estaría afectando a miles de hogares en la capital.

Los inmuebles implicados se encuentran situados en los barrios de Palos de la Frontera, Lavapiés y Ríos Rosas. Todos comparten una problemática común: sus inquilinos, muchos de ellos con contratos de larga duración o residentes desde hace décadas, denuncian que están siendo sometidos a presiones, negligencias y maniobras destinadas a forzar su salida para, supuestamente, reconvertir los edificios en pisos turísticos o viviendas de lujo con mayor rentabilidad para la propiedad.

En un comunicado conjunto, los vecinos han afirmado que los propietarios “no esconden su objetivo de vaciar los edificios, expulsar a sus inquilinos históricos y revalorizar los inmuebles mediante una transformación que priorice la inversión por encima del derecho a la vivienda”. Según explican, el acoso inmobiliario se manifiesta a través de múltiples formas, algunas explícitas, otras más sutiles, pero todas encaminadas —denuncian— a lograr el mismo fin: “romper la voluntad de permanencia y forzar desahucios invisibles”.

Blanca, una de las vecinas del número 22 de la calle General Lacy, explica que la familia Campos Cebrián - González Ruano, a la que pertenecen los tres edificios, “lleva meses utilizando técnicas muy sangrantes y muy graves de acoso inmobiliario” para expulsarles de sus casas sin haber incumplido sus contratos y sin dar ningun explicación. “Es un caso de mobbing inmobiliario claro”, asegura.

Blanca y sus vecinos aseguran que están organizados y no piensan ceder. “Nos hemos unido al Sindicato de Inquilinas con otros bloques para quedarnos en nuestras casas y frenar el vaciado de Madrid. No puede ser que por pura especulación se cambie el paradigma económico de una ciudad. Estas prácticas están vaciando la Comunidad de Madrid de quienes alimentamos su tejido social y económico desde hace décadas”, sentencia.

A su salida de la reunión, los vecinos han valorado positivamente el encuentro con Consumo. “Hemos salido satisfechas. Desde el Ministerio han mostrado un compromiso claro de hacer seguimiento a la situación, no solo en nuestros edificios, sino en el conjunto de un fenómeno que podría afectar a unas 30.000 viviendas en propiedad vertical en Madrid”. Según Blanca, se han previsto nuevas reuniones después del verano para avanzar en medidas concretas de protección a los inquilinos vulnerables frente a estas prácticas.

Cortes de suministro, abandono del mantenimiento y presiones

Entre las tácticas de desgaste más comunes aplicadas por la propiedad se encuentra la dejadez deliberada en el mantenimiento de los inmuebles. “Hay desperfectos que llevan años sin repararse: goteras, humedades, sistemas eléctricos defectuosos. Todo con el objetivo de degradar la habitabilidad y crear un entorno insoportable”, detallan desde el Sindicato de Inquilinas. Además, acusan a la propiedad de provocar cortes de suministros básicos como luz y gas, o de hacer cambios en los contratos sin consentimiento, lo que ha dejado a varios residentes sin acceso al bono social energético.

Otra práctica señalada es la contratación de “negociadores” o intermediarios que, lejos de mediar, actúan como intimidadores. “Se presentan en las viviendas con propuestas de salida, presionan a las vecinas, mienten sobre sus derechos o incluso las amenazan con denuncias falsas o desalojos inminentes”, relatan desde el colectivo.

La negativa a renovar contratos de alquiler cuando vencen, sin justificar los motivos ni plantear alternativas, también forma parte del patrón de acoso. “No hay comunicación directa, no hay voluntad de diálogo. Solo una estrategia clara de expulsión por desgaste”, aseguran.

La acción de estas tres comunidades se enmarca dentro de una movilización vecinal más amplia contra lo que los colectivos denominan “acoso inmobiliario estructural” en Madrid. En ese contexto, destacan otros ejemplos recientes, como el del edificio de Tribulete 7, donde las vecinas han presentado la primera querella por acoso inmobiliario en la ciudad contra un fondo de inversión. “Este fondo lleva meses llevando a cabo obras dentro del inmueble, con el objetivo de hacer la vida imposible a quienes aún resisten”, explican desde el sindicato.

También se suma el caso de San Ildefonso 20, cuyos habitantes protagonizaron la semana pasada una protesta en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para denunciar lo que califican como una “connivencia entre instituciones y grandes propietarios”. Acusan a programas como el Plan Reside, a las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU) y a fondos inmobiliarios de actuar de manera coordinada para “reconfigurar barrios enteros en función de intereses turísticos y financieros”.

El Sindicato ha solicitado al Ministerio de Consumo que abra expedientes sancionadores a las propiedades responsables de prácticas abusivas y que promueva reformas legislativas para ampliar las herramientas legales frente al mobbing inmobiliario. “El acoso inmobiliario no es un hecho aislado, sino una estrategia económica con consecuencias devastadoras para los barrios y sus gentes. Por eso, no basta con resistir bloque a bloque, hace falta una respuesta política y legal que frene esta ola de expulsiones invisibles”, señalan.

Por su parte, los vecinos de General Lacy 22, Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8 aseguran que no se irán. “Vamos a defender nuestras casas, nuestros derechos y nuestros barrios, y lo vamos a hacer desde la lucha colectiva, desde los tribunales y, si hace falta, desde la calle”, advierten.