Intendente bonaerense consiguió un fallo que obliga a Milei realizar una obra clave
El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, logró que la Justicia Federal intime al Gobierno de Javier Milei a reparar un puente que se encuentra en estado crítico sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del cruce con la Ruta 51. La estructura, según obra en la denuncia, presenta un nivel de deterioro que ponía en riesgo la seguridad vial y había sido motivo de múltiples reclamos sin respuesta por parte del Ejecutivo nacional.
La medida judicial, dictada por el Juzgado Federal N°1 de San Nicolás, responde a una presentación realizada por el jefe comunal peronista en mayo pasado.
En el escrito, Poletti advirtió sobre la falta de mantenimiento del puente y cuestionó que, pese a los fuertes aumentos en las tarifas de peaje -que superaron el 400% en el último año-, no se registraron mejoras visibles en la traza concesionada.
La Ruta Nacional 9, por ser una vía de jurisdicción federal, se encuentra bajo la responsabilidad del Gobierno y fue entregada en concesión a la empresa Corredores Viales S.A. Tanto el Estado como la compañía fueron intimados a ejecutar en forma urgente un plan de obras para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad.
El fallo obliga a que se inicien los trabajos en un plazo de diez días y fija un máximo de tres meses para su finalización. Entre las tareas incluidas se encuentran el bacheo y el relleno de pozos, con especial atención a los sectores que representen mayor riesgo para los vehículos que transitan la zona.
Además de las obras estructurales, el fallo ordena la colocación inmediata de señalización adecuada, incluyendo carteles de advertencia, limitaciones de velocidad y, de ser necesario, desvíos provisorios para evitar accidentes o daños materiales.
"La Justicia Federal hace una semana falló a favor nuestro, el primero en la Provincia que intima a Corredores Viales y Vialidad Nacional", destacó Poletti, remarcando la importancia del fallo como precedente judicial ante el contexto de paralización de la obra pública dispuesto por el Ejecutivo nacional desde el inicio de su mandato.
La resolución judicial cobra particular relevancia porque se da en medio del proceso de desguace de Vialidad Nacional impulsado por el Gobierno.
En su presentación, el intendente también cuestionó el modelo de concesión actual, señalando que los aumentos en los peajes no se han traducido en una mejor infraestructura ni en servicios adecuados para los usuarios. "Se cobran peajes pero no se cumple con las obligaciones básicas de mantenimiento", sostuvo.
Si bien ya hubo fallos similares en otras provincias del país, el de Ramallo es el primero en territorio bonaerense con estas características. Desde el municipio lo consideran un "precedente valioso frente a la política de abandono de la obra pública nacional que afecta directamente a la seguridad de los vecinos".