La mafia verde (I): los caprichos que ponen en riesgo los recursos naturales en Guatemala

Guatemala pone en riesgo fondos millonarios y sus recursos naturales por decisiones discrecionales en el manejo de bonos de carbono, revelando una red de intereses políticos disfrazados de ambientalismo en la administración central.

Cómo funciona. En 2021, Guatemala firmó un acuerdo con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial (BM) para la provisión de hasta USD 53M para el pago por la reducción de emisiones por deforestación y aumento de la fijación de carbono mediante el programa de reducción de emisiones (REDD+).

• El FCPF es una iniciativa del BM con el fin de apoyar, mediante dos fondos complementarios, el fondo de carbono y el fondo readiness, a la REDD+ en 47 países en vías de desarrollo en África, Asia, Latinoamérica y el Caribe.
• De acuerdo con los datos del Banco Mundial, los acuerdos de pago por reducción de emisiones (ERPA) comprometen más de USD 720M para la reducción de hasta 145M de toneladas de emisiones de carbono hasta 2025.
• En su momento, Guatemala, se comprometió a que, en cuatro años, reduciría más de 10.5M de toneladas de emisiones de carbono.

Los datos. Según el sistema de seguimiento de activos de carbono (CATS), actualmente, 15 países se adscriben bajo el FCPF, entre los cuales se incluyen Chile, la República Democrática del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Gana, Vietnam, entre otros.

• La plataforma señala que Costa de Marfil cuenta con la mayor emisión de bonos, más de 27M, seguido de Vietnam con 22M de bonos y Costa Rica, en tercer lugar, con 8M de activos emitidos.
• En este sentido, Guatemala tiene un retraso significativo, dado que, pese a que el dinero disponible vence a finales de 2025, se han emitido y verificado cero bonos en el país.
• De no emitirlos, Guatemala no solo estaría incumpliendo un compromiso con la banca multilateral, sino que también estaría afectando a actores privados que dependen de este dinero para su subsistencia.

Visto y no visto. República tuvo conocimiento que estos atrasos se deben, en gran parte, a que las autoridades del gobierno central han dirigido los procesos con el fin de beneficiar a organizaciones ambientalistas cercanas a la administración, otorgando en “administración” la autoridad sobre los recursos nacionales.

• Asimismo, con el objetivo de incrementar las ganancias, han modificado los criterios de fijación de carbono, incrementando el monto otorgado por hectárea.
• Estos atrasos han dado como resultado una presa de expedientes en instituciones como el INAB, que, a pesar de haber abierto la recepción de expedientes en mayo de 2024, tuvo que paralizar el proceso un mes después debido a la falta de recursos.
• Como consecuencia, aunque uno de los objetivos del FCPF es la retribución a las comunidades, la tramitología acapara gran parte de los recursos generados en los mercados mundiales de carbono.

En conclusión. Esta red de intereses particulares, disfrazados de ambientalistas, ha conseguido capturar el programa de emisión de bonos de carbono, lo cual pone en riesgo los recursos naturales, particularmente aquellos sensibles como los parques nacionales.

• Esto ha sido posible, en gran medida, debido al fenómeno de la puerta giratoria, ya que personas que previamente eran parte del lobby ambientalista, ahora forman parte de los cuadros del gobierno, y viceversa.
• Por ende, de beneficiar a comunidades y conservacionistas individuales, las autoridades estarían incurriendo irregularidades, al mismo tiempo que estarían poniendo en riesgo el entorno natural y protegido del país.